El Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, llamado Fondo para el Desarrollo de la Sociedad Civil, es una iniciativa con historia. En el Acuerdo por la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, suscrito el 30 de agosto de 1999 por líderes de grupos ciudadanos, se planteó la "destinación de recursos públicos al fomento de las organizaciones sociales y reconocimiento de la participación ciudadana como componente sustantivo y evaluable de las políticas de asignación de recursos a proyectos de interés social".

Un año después, se formó el Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, integrado por 30 dirigentes sociales y no gubernamentales, que entregó un informe que plantea, en el ámbito de las políticas públicas, crear un fondo de apoyo a la sociedad civil. La respuesta a las propuestas tomó la forma de un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana y supuso la elaboración de un Plan para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se formó un consejo provisorio, con representantes del mundo social comunitario y no gubernamental e integrantes de ministerios relacionados con el campo de las políticas sociales. Desde 2003 empieza el período de la asignación anual de recursos para la sociedad civil, mediante un sistema de concursabilidad, supervisada por un Consejo Mixto del Fondo y el apoyo de una secretaría ejecutiva dispuesta por la División de Organizaciones Sociales.

Al inicio los recursos transferidos a la sociedad civil provinieron de un Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno y el BID, y luego, desde 2005, se incorporaron como partida del presupuesto público. De modo complementario, el Ejecutivo envió al Congreso, en junio de 2004, un proyecto de ley de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que fue reformulado durante 2006. La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó, en octubre de 2007, el proyecto que instituye legalmente el Fondo de Fortalecimiento de las Asociaciones y Organizaciones de Interés Público, regulando la integración y funciones de su Consejo Nacional y sus Consejos Regionales.

En la trayectoria del fondo distintas personas del sector público y de la sociedad civil han hecho un aporte. Ha sobresalido un espíritu de responsabilidad por la tarea común de dar a la democracia una sociedad civil fortalecida en sus organizaciones, siempre con pleno respeto a su autonomía y al amplio pluralismo de su convocatoria. La Agenda Pro Participación Ciudadana, anunciada por la Presidenta Michelle Bachelet, recomienda que las políticas públicas "deben incluir iniciativas concretas de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que corresponden a su ámbito programático, teniendo en cuenta criterios de equidad y descentralización". La pregunta transversal que la agenda se formula es la siguiente: "¿Las organizaciones de la sociedad civil, en cuanto actores del proceso de cambio social y democrático del país, se ven fortalecidas o empoderadas por nuestras políticas públicas, y a la vez, apoyamos proactivamente la acción voluntaria que las personas realizan a favor de la comunidad?".

La DOS y el Consejo Nacional del Fondo, y el movimiento asociativo comunitario y la comunidad de ONG, en diálogo con el Estado y la ciudadanía, deben avanzar a una práctica institucional de apoyo a la sociedad civil, explorando formas de financiación diferenciadas, que sepan distinguir los ámbitos que, si bien tienen en común ser experiencias sin fines de lucro, tienen una especificidad o naturaleza particular. Las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias o funcionales, los movimientos culturales y de la diversidad así como las ONG, representan campos de proactividad ciudadana cuya labor es de gran trascendencia para la sociedad chilena.

El Estado tiene la obligación de cuidar que los recursos públicos que se transfieren a las organizaciones de interés público se usen de modo correcto, para los fines que fueron solicitados. La sociedad civil debe ejercer el control ciudadano sobre el conjunto de las funciones programáticas asociadas a las políticas sociales, en especial, la asignación de recursos, ocurra esto mediante la modalidad concursable u otra forma que se concuerde como más pertinente. La exigencia de transparencia y probidad es hoy una preocupación legítima, y es deber nuestro asegurar que la confianza para apoyar el fortalecimiento de la sociedad civil se encuentre debidamente garantizada. Este proceso, que es inherente a la modernización del Estado, debe situarse siempre en una perspectiva mayor: nuestra sociedad será más justa y tendremos un país mejor si la sociedad civil y el Estado comparten de manera más fecunda su responsabilidad para con el sistema de protección social, el pleno respeto de los derechos humanos y el ejercicio de una democracia participativa.

* Director de la División de Organizaciones Sociales