“Yo no sé si hay una definición de lo que fueron capaces de hacer los agentes de la dictadura, especialmente los de la Brigada Lautaro de la DINA. Es una cosa tremendamente espantosa”, señaló ayer Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (AFDD), al comentar el reportaje de ayer de La Nación Domingo sobre el denominado “Caso de los 13”. Según los últimos antecedentes, el ministro Víctor Montiglio tiene prácticamente aclarado el secuestro calificado de las 11 personas que integraban la segunda dirección clandestina del Partido Comunista y de dos miembros del MIR. Los 13 desaparecieron a fines de 1976 desde el cuartel de la Brigada Lautaro, que funcionaba en Simón Bolívar 8800, en La Reina. Se le considera el más sanguinario de la DINA. “En este cuartel no hubo sobrevivientes, por lo cual los familiares nunca recibieron información de ellos. Entonces, el reportaje es doblemente impactante por los datos que contiene y las opiniones de los lectores en el portal web de La Nación”, añadió Lorena Pizarro. “Quisiéramos que el resultado de esta investigación sea que alguna vez en Chile se apliquen penas ejemplificadoras, de acuerdo a la magnitud del delito. Esperamos que los culpables sean encarcelados de por vida”, concluyó. La Brigada Lautaro, de 74 miembros, estaba a cargo del entonces capitán de Ejército Juan Morales Salgado. Las víctimas son los dirigentes del PC Luis Lazo San Martín, Horacio Cepeda Marinkovic, Lincoyán Yalú Berríos, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Reinalda Pereira Plaza, Armando Portilla, Waldo Pizarro Molina, Lisandro Cruz Díaz y Edras Pinto Arroyo, además de los miristas Santiago Araya Cabrera y Carlos Durán González.

En internación provisoria en un recinto del Sename de la Región de los Lagos quedó ayer A.I.M.P. (16), imputado por el homicidio de su polola, crimen ocurrido en Puerto Varas. El menor, que inicialmente declaró que su pareja había muerto en un atropello, golpeó brutalmente a Soledad Sánchez Medina (19) y luego la estranguló con una bufanda en plena vía pública. La versión del muchacho fue refutada por los peritajes realizados por la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes encontraron en el cuerpo de la víctima signos de golpes de puño y estrangulamiento. Además, existe una testigo presencial del hecho.

Las ministras del Trabajo, Claudia Serrano, y del Sernam, Laura Albornoz, se reunieron con cerca de un centenar de trabajadoras de casas particulares para informarles cómo opera el beneficio que les permitirá por primera vez gozar de dos días libres (viernes y sábado) por feriado de Semana Santa.

“No podíamos seguir avanzando en un régimen de desigualdad tan grande. Todos los chilenos vamos a estar de acuerdo que es posible y necesario para nuestra calidad humana que dejemos descansar a nuestras trabajadoras de casa particular feriados y festivos”, señaló la titular del Trabajo.

La ley promulgada el 23 de marzo modifica el artículo 150 del Código del Trabajo para otorgar a quienes laboren puertas adentro descanso en días domingos y festivos de modo “irrenunciable”, por lo que la nueva legislación señala de modo expreso que este feriado no es compensable con dinero.

La norma, en todo caso, abre la posibilidad para que empleador y trabajadora pacten por escrito que el descanso se realice en día distinto dentro de los siguientes noventa días.

Mañana iniciará una jornada de trabajo en nuestro país el relator especial de Naciones Unidas para los derechos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, lo que incluye un encuentro con la Presidenta Michelle Bachelet. También el enviado de la ONU va a reunirse formalmente con parlamentarios de distintas fuerzas políticas, con miembros del Poder Judicial, y con el ministro José Viera Gallo, con quienes tratará la situación actual de las comunidades indígenas. De acuerdo a informaciones de Observatorio Ciudadano, James Anaya también se juntará con integrantes de Amnistía Internacional y con entidades ligadas al tema de pueblos originarios. Durante su visita, que incluye recorridos por varias regiones del país, Anaya realizará un seguimiento de las recomendaciones del informe que hizo el anterior relator especial para los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, tras un viaje a Chile en 2003. En ese informe, Stavenhagen denunció que el Estado chileno criminalizaba la protesta social mapuche y pidió la no aplicación de leyes como la antiterrorista, en contra de indígenas. Anaya también supervisará las iniciativas del Gobierno para implementar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile en septiembre de 2008, y para promover la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU.