Janet, ciudadana norteamericana, se vino a Chile en 2004 para pasar un año sabático aprendiendo español. Como sólo tenía visa de turista y luego de estudiante, no podía trabajar en el país, por lo que utilizó los ahorros en dólares que mantenía en su cuenta en Estados Unidos. Para estos efectos, usó su tarjeta de crédito Visa y una tarjeta de cajero automático de Citibank.

Janet es una persona ordenada y revisa con minuciosidad los documentos que recibe. Así, en algún momento de 2006 se dio cuenta que algo no estaba bien con su banco. "En ese tiempo yo ya sabía que la tarjeta de crédito me estaba cobrando un alto interés por usarla en el extranjero, por lo que había optado por guardarla y sólo girar del cajero automático con mi tarjeta del banco. En 2006, por primera vez, la cartola del banco reflejó de manera clara y transparente las multas que me estaba cobrando por estos giros". Antes de eso el banco había incluido esta multa escondida en el ítem de la tasa de cambio. Es decir, había que hacer un cálculo complicado para saber cuál era la tasa de cambio que estaba cobrando y cuál la multa por el giro en el extranjero.

El recargo era de 3% por cada giro. Es decir, si se giraban 100 mil pesos, había que pagar 3 mil pesos adicionales al banco.

Hoy se ha comprobado que las principales empresas de tarjetas de crédito de Estados Unidos y junto con un grupo de importantes bancos se coludieron para cobrar multas ilegales y para ocultar a los clientes de manera mañosa estos cobros.

Por haber violado, entre otras, las leyes que protegen al consumidor en Estados Unidos, deberán pagar más de 300 millones de dólares.

Los denunciados son Visa, MasterCard, Bank of America, Bank One/First USA, Chase, Citibank, Diners Club, HSBC/Household, MBNA y Washington Mutual/Providian.

En los dos años que Janet pasó en Chile viviendo del dinero que tenía en Estados Unidos, había pagado por concepto de multas de la tarjeta de crédito y giros de cajero automático varios cientos de dólares. "Si la información hubiera sido transparente, como lo exige la ley en mi país, habría buscado otra solución. Me estaban castigando por utilizar el mismo dinero que yo tenía depositado en el banco, ni siquiera era un préstamo", asegura.

"En 2006 me di cuenta de que me estaba cobrando una multa por sacar pesos, porque de repente mi cartola, que revisaba por internet todos los meses, indicaba una multa de 3% por cada visita al cajero automático. Llamé al banco, y me dijeron que siempre había cobrado esta multa, pero recién empezaron a indicarla de una manera transparente en las cartolas. Anteriormente, la multa estaba escondida en las tasas de cambio (estaba sacando dinero en pesos, pero mi cartola detallaba las transacciones en dólares). Como las tasas cambian a cada rato durante un día, es casi imposible darse cuenta de una multa que se ha escondido dentro de la tasa de cambio. No me di cuenta hasta recibir la carta de la corte y creo que el juicio provocó ese cambio en sus prácticas".

Si bien la cifra no se ha calculado con exactitud, la situación afecta a varios miles de ciudadanos de Estados Unidos que habían utilizado tarjetas de crédito y tarjeta de giro en cajeros automáticos en el extranjero.

De a poco, a contar de 2001 comenzaron a interponerse acciones judiciales en distintos estados norteamericanos. Algunas acciones individuales contra bancos y empresas tuvieron éxito y otras no. Recién en 2006 los bancos comenzaron a transparentar los cobros en sus cartolas a los clientes, cuando los juicios ya estaban avanzados y cuando se habían unificado ante una corte federal del estado de Nueva York.

Acusaciones

Los abogados que representan a los afectados acusan a las empresas administradoras de las tarjetas de crédito y a los bancos de haber "conspirado para fijar y esconder las multas que cobraban por gastos en el extranjero y para fijar entre ellos las tasas de cambio de compras en el extranjero".

Entre los argumentos que dan para probar la colusión, muestran que hay directorios comunes en más de una de las instituciones acusadas. Por ejemplo, señala la acusacion, "estos bancos grandes, incluyendo los acusados en esta acción, establecieron su control por estar simultáneamente en el directorio o comités importantes de ambas asociaciones (Visa y Mastercard), y esta relación proveyó el vehículo para el establecimiento de una multa por convertir divisas".

Todos los bancos acusados se hicieron también dueños de las empresas administradoras de las tarjetas de crédito como accionistas, lo que les dio, entre otras cosas, derecho de participar en la administración y recibir dividendos.

En 1996, cuando habrían comenzado los hechos denunciados, 12 de los 21 bancos representados en el directorio de Visa también estaban representados en el directorio de Mastercard.

También en la acusación se demuestra que cuatro meses antes que Visa comenzara a cobrar una de las multas, los directores de Mastercard ya sabían de esta acción. En ese entonces, Mastercard tenía un plan de cobrar una multa mucho menor, pero cuando se enteraron de lo que Visa haría, igualaron la multa entre ambas empresas.

Estas acciones de colusión violarían varias leyes estadounidenses antimonopólicas y que defienden los derechos de los consumidores, entre ellas Sherman Act y Truth in Lending Act.

Entre 1996 y 2006, VISA y Mastercard habrían recibido, según se estima en la demanda, 3,9 mil millones de dólares sólo por el concepto de esta multa por girar dinero en el extranjero.

Acuerdo

Durante el juicio que unifica varios miles de denuncias de consumidores y que se ventila en District Court for the Southern District of New York, las empresas denunciadas aceptaron un acuerdo antes de llegar a un fallo final, que posiblemente les hubiese significado un costo mucho mayor. Aunque no admiten ninguna acción ilegal en el acuerdo, acordaron pagar US$336 millones para reparar el daño causado a la gente que compró con tarjeta de crédito o sacó dinero de cajero automático en el extranjero entre 1996 y 2006.

De estos 336 millones de dólares, el 27,5%, es decir 100 millones de dólares, serán para los dos estudios que patrocinaron la acción legal.

A la fecha, se está a la espera de que la corte entregue su aprobación final al acuerdo y que el administrador designado por el tribunal verifique la información entregada por las personas y empresas afectadas. Luego, debería comenzar el reembolso de los cobros ilegítimos a los consumidores.

Hoy Janet está feliz, pues va a recibir de vuelta el dinero que le fue cobrado fraudulentamente. //LND