El próximo lunes 20 de abril entra en vigencia la Ley Nº 20.285 de Transparencia de la Función Pública y el Derecho de Acceso a la Información de los Órganos del Estado, que fue promulgada el 11 de agosto de 2008 por la Presidenta Michelle Bachelet.

La legislación otorgará poder a la sociedad civil para que, mediante un trámite fácil, una persona tenga acceso a información sobre gestión, resoluciones y funcionamiento de los servicios públicos.

La puesta en marcha de esta norma tiene su base en la tecnología asociada a internet, ya que a través de ese sistema cada organismo público canalizará y dará respuesta a la demanda de información ciudadana.

Ministerios, oficinas y empresas públicas, universidades estatales y municipios tendrán que transparentar su gestión, para lo cual la ley establece dos ámbitos centrales que son: la transparencia activa, que obliga a cada organismo a subir y actualizar información a sus páginas web y la transparencia pasiva o solicitud de información, que se refiere a las consultas que puede hacer la gente.

La ley obliga a publicar las remuneraciones brutas de cada funcionario de planta, contrata o a honorario. Tras un mes de discusiones con la Dirección de Presupuesto y la Contraloría, que se entiende por remuneración bruta, se optó por el criterio de informar el sueldo asociado a cada grado, no a cada persona.

Aunque han surgido dudas en torno a la real capacidad que tendrían 80 de los más de 340 municipios del país de llegar sin problemas al 20 de abril, el Gobierno afirmó que para los municipios que carecen de conectividad, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) entregó instrumental y apoyo.

Además, la Oficina de Transparencia del Gobierno, en convenio con Chile País Digital, creó un acuerdo para que aquellos municipios con problemas accedan a tener una página web a través del portal de País Digital.

Para preparar a los administradores del Estado, el Gobierno -a través de la Subdere- instauró jornadas de capacitación en todo el país gracias al presupuesto que dicha repartición maneja para efectos de desarrollo regional y comunal. ($2.435 millones).

Para eso se programó en todo Chile una serie de 24 seminarios de capacitación entre el 23 de marzo y el 16 de abril. En forma paralela, cada municipio y organismo gubernamental se ha preparado para enfrentar el cambio tecnológico. El criterio con los municipios, ha señalado Viera -Gallo, es tener con ellos "un espíritu de marcha blanca".