Felipe del Solar, secretario ejecutivo de la comisión que preparó durante ocho meses la implementación de la normativa, destaca que la iniciativa tiene estándares internacionales y que desde ahora a ningún ciudadano se le podrán negar los datos que solicite.

"La ley no hace distinción entre qué información se puede o no solicitar. Independientemente del tema, interés o motivación para requerir una información, da lo mismo, el Estado tiene que responderle a esa persona sin preguntar por qué quiere esos antecedentes y si no tiene causal de reserva que impida su entrega, hay que entregarla", remarca.

Añade que entrará en vigencia "una de las reformas en el ámbito de la modernización del Estado, de la transparencia, publicidad, acceso a la información para que los ciudadanos tengan mejores herramientas de participación ciudadana".

Destaca que "una ley con este tipo de características en el mundo ha establecido plazos, entre que se aprueban y entran en vigencia, bastante más largos. En Inglaterra, por ejemplo, el proyecto estableció cinco años para que el Estado se preparara para su promulgación".

La ley chilena, en tanto, pese a tener características de estándar muy alto, estableció un período de sólo 8 meses para implementarla y ponerse a punto para la entrada en vigencia, señala. Esto significa un desafío muy grande, remarca, que el Gobierno ha enfrentado de manera muy seria y "está bien preparado", sostiene.

Precisa Del Solar que la ley garantiza que todos lo actos y resoluciones son públicos, por principio, y todas las personas pueden solicitar y recibir información.

"Sólo la excepción que está fijada como causal de reserva justificada hace que alguna información específica no pueda ser revelada. Pero el principio, y ése es el cambio de paradigma, es que sólo algunas cosas no pueden ser divulgadas. Estamos hablando de datos que afecten la vida privada de las personas, información que cree intereses económicos, que esté formando parte de un proceso judicial, investigación policial, de seguridad nacional, de negociaciones de tratados internacionales, etc.", sostiene.

Destaca que para el Gobiero ésta es una reforma muy importante, un compromiso y un cambio que le hace bien a la democracia chilena.