Esta nueva normativa ha sido catalogada como un "hito histórico" y un cambio cultural que revolucionará el concepto de la administración pública. La ley se instala en momentos en que la fiscalización ciudadana es cada vez más recurrente, pues a través de los años los medios de comunicación han ido creando conciencia de la importancia que reviste para la población el cumplimiento de la probidad.
Los distintos gobiernos de la Concertación tomaron el guante hace ya algunos años y poco a poco fueron moldeando la iniciativa.
Ésta fue promulgada en agosto de 2008, pero su génesis se remonta a anteriores gobiernos de la Concertación.
Un primer esbozo se dio en 1994 cuando la Comisión Nacional de Ética Pública, formada en el Gobierno de Eduardo Frei, propuso 41 recomendaciones en su informe final de gestión y donde se incluía la consagración de la transparencia como principio constitucional, lo que derivó en la gestación de la Ley de Probidad Nº 19.653 de 1999, y que reguló materias como el acceso a la información administrativa, las inhabilidades e incompatibilidades funcionarias o el tráfico de influencias y los conflictos de intereses a los que podrían verse sometidos los servidores públicos.
En 2003 , la ex administración de Ricardo Lagos logró acuerdos para impulsar la modernización del Estado, transparencia y promoción del crecimiento, lo que facilitó una serie de reformas constitucionales como la de 2005 (Ley Nº 20.050) y que incluyó en sus bases principios de probidad y publicidad, además de la ratificación de convenios internacionales para la lucha contra la corrupción. Uno de ellos fue la Convención Interamericana contra la Corrupción, del año 1998, y la Convención de las Naciones Unidas en Contra de la Corrupción, realizada en 2006.
Hace tres años, la Presidenta Michelle Bachelet anunció una agenda en materia de probidad y transparencia en el sector público, para lo cual se exigió publicar información relacionada al personal o las contrataciones públicas, creando así el banner "Gobierno Transparente".
