En tiempos electorales siempre es bienvenido el escrutinio público de la actividad política, en especial si se trata de develar esa ingrata distancia entre el dicho (la campaña) y el hecho (el ejercicio del cargo). La mala noticia para la ciudadanía que deberá escoger en diciembre a sus representantes en el Congreso es que no existen mecanismos institucionales de participación ciudadana en la labor legislativa. La buena, que sí disponen de seguimientos ciudadanos como nuestro Observatorio Parlamentario, que por tercer año consecutivo ha detectado síntomas peligrosos de enclaustramiento en el Legislativo y conductas poco comprometidas con la democracia y los derechos humanos.
¿Cuál piensa usted que es el sector más escuchado en el Congreso? Los empresarios. A la hora de invitar a instituciones y organizaciones a exponer sobre materias que se legislan, la cuarta parte de las entidades recibidas por el Senado para la tramitación de proyectos de ley en 2008 correspondió a empresas y a organizaciones gremiales empresariales. Peor fue en la Cámara de Diputados, donde un tercio de los organismos escuchados correspondió a entidades empresariales.
Otro dato: ¿quién no ha escuchado las buenas intenciones de los candidatos al Congreso cuando hablan de democracia y derechos humanos? Pero en el último año se han aprobado diez proyectos sobre institucionalidad de DDHH, tratados internacionales, derechos civiles y políticos, así como derechos económicos, sociales y culturales, pero otros 25 están sin avance.
Más magro se devela el compromiso democrático de los legisladores tomando en cuenta la forma en que votaron durante la tramitación de 21 tratados internacionales y proyectos de ley relevantes para la profundización de la democracia y la protección de los derechos humanos. Según nuestro seguimiento a la votación de los proyectos, sólo catorce diputados demostraron un máximo nivel de compromiso, mientras 25 legisladores, todos ellos de la Alianza, cayeron en los niveles más bajos de compromiso con estos derechos. En el caso de los/las senadores/as, aplicamos una encuesta para conocer su disposición a votar diez proyectos y tratados, como la Corte Penal Internacional, la iniciativa ciudadana de ley, la paridad y la legalización del aborto terapéutico. Sólo cinco manifestaron su disposición a votar favorablemente todas las iniciativas, siete resultaron evaluados como "mediana o débilmente comprometidos" con los derechos humanos y la profundización de la democracia, y trece se ubicaron como "sumamente comprometidos" con dichos principios.
A partir de estos datos sería interesante escuchar los compromisos de campaña de la inmensa mayoría de parlamentarios que va a la reelección y contrastarlos con la forma en que han votado durante sus largos años de ejercicio. Ojo, Chile requiere un Congreso capaz de cumplir con los compromisos de los que se ha hecho parte nacional e internacionalmente al suscribir tratados y acuerdos para elevar sus estándares democráticos.
