A un trabajo en equipo de todo el aparato del Estado atribuye La Moneda el balance positivo de la entrada en vigencia, el lunes pasado, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Unos más, otros menos, ministerios, servicios, organismos y empresas del Estado hicieron su esfuerzo.

En el Ministerio Secretaría General de Gobierno están particularmente satisfechos. Un estudio de la Corporación Participa los ubicó, junto a Relaciones Exteriores, en el primer lugar de cumplimiento de esta normativa (ver recuadro).

El primer día de vigencia de la ley el sitio de la Segegob tuvo sobre 139 mil visitas, cifra relevante si se considera que el promedio de un día normal no supera las 52 mil.

Ayer bajó a unos 80 mil accesos. Los temas de mayor interés fueron remuneraciones, la dotación de honorarios y consultas sobre la dotación de planta.

Para el subsecretario general de Gobierno, Neftalí Carabantes, el éxito de esta iniciativa responde al empeño de la Presidenta Michelle Bachelet "porque ella ha sido quien dio el vamos a esta nueva era de la apertura".

A su juicio, esto demuestra "que este es un Gobierno que se atreve", pues "está protagonizando uno de los cambios más trascendentes en la administración del Estado: la revolución de la transparencia".

Y eso significa que a partir de ahora "todos tenemos derecho a saber", desde el ciudadano más poderoso al más humilde.

En momentos en que muchos resienten la pérdida de interés de las personas en la política -por diversas razones, entre ellas la falta de transparencia- el subsecretario Carabantes aseguró que la puesta en marcha de esta normativa ayudará a contrarrestar esta tendencia social pues le entrega más herramientas de participación y de influencia a la ciudadanía.

"RECUPERAR CONFIANZA"

"Este es un gran paso para recuperar la confianza de la ciudadanía", dijo Carabantes, argumentando que a partir de ahora el ciudadano se va a transformar en un "auditor social", con el poder necesario para fiscalizar todo acto de la administración del Estado.

Sin embargo, también hizo un llamado a hacer un uso responsable, "un uso cívico", de las facultades que se establecen.

"Esta ley no puede ser pasto de la calumnia ni de la discriminación. A nadie se le puede coartar el derecho a trabajar. Lo importante es que apareciendo esta normativa todos podrán saber en qué lugar se trabaja, que función realiza y que remuneración percibe cada uno de los 270 mil funcionarios públicos de nuestro país", subrayó.

También hizo una evaluación positiva del trabajo previo. "El Gobierno fue muy riguroso en la puesta en marcha de esta ley.

"Lo que otros países realizaron en un plazo de tres a cinco años, lo hicimos en ocho meses. Fuimos muy autoexigentes, esa fue la instrucción de la Presidenta", afirmó el subsecretario.

Sobre las críticas de la Asociación Chilena de Municipalidades en el sentido de que se les fiscaliza "por todos lados", pero hay carencia de recursos para responder, Carabantes recalcó que "la ley es igual para todos, por lo tanto toda la administración del Estado tiene que cumplirla".