Desde que la Ley de Acceso a la Información Pública entró en vigencia se ha producido un interesante destape noticioso. Se ha comenzado a descorrer, en el campo estatal, aquel "tupido velo" denunciado por José Donoso como parte de nuestra identidad nacional. Diversas autoridades han debido aclarar consultas de la ciudadanía, se han desatado discusiones sobre temas sensibles al núcleo de las prácticas políticas del país y se espera que el resto del año la pauta informativa se vea saturada por los datos que la nueva legislación permite recabar. Es cierto que una mirada restringida de la ley la puede convertir en una simple herramienta electoral, donde se la intente utilizar con el único fin de atacar a los contrincantes políticos. Aunque este aspecto sea casi inevitable, la ley posee objetivos y alcances mucho más ambiciosos y sería injusto que ésta se reduzca al sensacionalismo.

La necesidad de contar con una Ley de Transparencia ha quedado de manifiesto en los resultados de un estudio elaborado por el proyecto "Es tiempo de acción", que la Asociación Chilena de ONG Acción en conjunto con el Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y la Corporación La Morada, lleva adelante para fortalecer la capacidad de la sociedad civil de incidir en el debate público. En el marco del estudio se enviaron 53 solicitudes de información -preguntando sobre normativas y mecanismos de participación ciudadana- a 22 ministerios y 31 subsecretarías de Gobierno entre febrero y abril de 2009. Sólo seis ministerios y siete subsecretarías entregaron información en el plazo legal de 20 días hábiles, que comenzó a regir el 20 de abril. Otros siete ministerios y seis subsecretarías respondieron fuera de plazo. Y dos de cada cinco ministerios y tres de cada cinco subsecretarías nunca respondieron. Estos resultados revelan las graves deficiencias que el Estado ha acumulado en cuanto a la participación ciudadana y muestran la pertinencia de la nueva legislación. Son cifras que contrastan con el 87% de cumplimiento que ha informado el Consejo para la Transparencia, luego de la primera semana de vigencia de la ley.

Un aspecto que se debe corregir urgentemente es el sesgo en el tratamiento de las instituciones. Si bien todas las entidades públicas están sometidas en la forma a la nueva legislación, no todas pueden ser reguladas por su reglamento, por lo que no quedarán en la jurisdicción del Consejo para la Transparencia. Entre estas excepciones están la Contraloría, el Banco Central, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Tricel, el Congreso Nacional, las empresas públicas creadas por ley y las empresas o sociedades en que el Estado tenga más de 50% de las acciones o mayoría en el directorio. ¿Por qué las normas de transparencia que rigen para un poder del Estado no se pueden aplicar a los otros?

La ley constituye un desafío para la propia sociedad civil. Si el Estado ha abierto sus bases de datos y archivos, no es posible que nuestras instituciones, de carácter privado pero con finalidades públicas, no se vean obligadas a lo mismo. Se trata de un desafío a la coherencia que exige respuestas prontas y contundentes. Un ejemplo que deberíamos seguir lo ha dado el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), al publicar todos y cada uno de los financiamientos externos recibidos en su historia. La publicación en el sitio web de la organización es inédita en el país. No sólo da el nombre de las entidades financistas, sino el monto otorgado y el uso de los fondos, así como enlaces a páginas que demuestran con archivos de prensa, galerías fotográficas, videos y soportes comunicacionales el buen uso dado a los fondos. Con esta iniciativa se busca llevar a la práctica el código de ética de Acción, instancia de la cual es parte el Movilh.

No es posible contribuir a una gobernanza democrática, participativa e inclusiva sin la apertura de fuentes confiables de información sobre el Estado y las instituciones que ejercen responsabilidades públicas. Es un proceso democratizador porque la información constituye poder, lo que permite disminuir las asimetrías entre quienes ejercen cargos de responsabilidad y la ciudadanía. No es apostar a un tipo de transparencia absoluta que no podría ser más que una pesadilla totalitaria. Es consolidar una convivencia donde el poder esté más diseminado en la sociedad y el equilibrio entre las instituciones estatales y las demandas ciudadanas se balancee de forma más equitativa. Es un tipo de libertad que no se consigue con la ausencia de leyes, regulaciones, o controles, sino por medio de un marco legal justo basado en criterios democráticos.