El abogado penalista Alfredo Morgado, en representación de la familia de 5 de los 10 reclusos fallecidos en el incendio registrado el pasado 26 de abril en la cárcel Colina II, interpuso este sábado ante el Juzgado de Garantía de Colina, la primera querella en contra de quienes resulten responsables de este lamentable hecho.

El jurista precisó que entre las diligencias solicitadas en el líbelo destaca la declaración solicitada al ministro de Justicia, Carlos Maldonado, y al director de Gendarmería, Alejandro Jiménez, a fin de que expliquen cuáles fueron las medidas que se adoptaron tras el informe emitido, en agosto de 2008, por el Relator Especial Sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez.

Dicho informe, precisa el abogado "hace presente la obligatoriedad del Gobierno de Chile en subsanar, y desde esa perspectiva, cuales son las medidas que han adoptado no sólo en lo que respecta a este informe, sino que también, en lo que respecta a las informaciones, los antecedentes que le han sido aportados por los funcionarios de Gendarmería en relación a las falencias, principalmente en Colina II".

Al ser consultado respecto de la incidencia que tendría una eventual interpelación a las autoridades, Morgado precisó que "la declaración que se pide de ellos, está en relación a las deficiencias que existen en lo que es Gendarmería de Chile, lo que son los penales del país y, específicamente, en relación al informe del relator especial y si ellos, en relación a este informe, qué medidas se adoptaron".

En este sentido, el abogado reveló que el Relator Especial "requirió ahora (tras los últimos sucesos) un informe al Gobierno de Chile, sin perjuicio del informe anterior que ya había elaborado en su oportunidad este relator especial", a fin de ahondar en lo sucedido.

De acuerdo al profesional, al interior del recinto penitenciario existía una inadecuada segregación de reclusos, falencias en el sistema de redes húmedas del penal, inoperancia de las cámaras de circuito cerrado del módulo seis, y fallas en teléfonos para dar cuenta inmediata a bomberos, por lo que "recordemos que bomberos llega a raíz de que un particular informa de este suceso", dijo.

Durante la semana, informó Morgado, se espera que otras dos familias de víctimas del siniestro se adhieran a la acción legal, hecho por el cual se elevaría a siete el número de familias demandantes.