LA FALTA DE fuentes de trabajo en Bolivia ocasiona un enfrentamiento entre los comercializadores de ropa usada y los micro y pequeños empresarios dedicados a la confección de vestimenta. Este problema no ha podido ser solucionado por el Gobierno, pese a que se lo viene arrastrando hace tres años, cuando se prohibió la importación de ropa de segunda mano, y luego se aprobó otro decreto que prohibía la comercialización de ese producto. Pero más pudo la presión de los afectados, que consiguieron que esa prohibición sea suspendida por un tiempo determinado. El Ejecutivo aprobó otro decreto estableciendo que la venta de esa mercadería terminara el 1 de abril, por lo que los mercados y puestos de venta ya no deberían funcionar, lo que no se cumple por la ambivalente posición de las autoridades nacionales.

El Gobierno no quiere crearse problemas que le pueden afectar en su campaña para las elecciones generales del 6 de diciembre. Mientras la comercialización de ropa usada continúa, los pequeños y micro empresarios siguen exigiendo a los gobernantes que cumplan lo que manda la norma y se prohíba la venta de prendería de segunda mano. Los ropavejeros por su parte demandan una nueva prórroga y rechazan la propuesta de la ministra de Producción y Microempresa, que ofrece mil 950 bolivianos pagaderos en tres cuotas mensuales, con la condición de que al final entreguen los saldos de ropa usada.

La actual administración gubernamental pretendió frenar la venta de prendería de segunda mano, disponiendo la reconversión de los comerciantes en productores o confeccionistas de ropa, para lo cual se entregó una considerable cantidad de dinero, que fue utilizado de manera arbitraria por las autoridades encargadas y el proyecto fracasó. La comercialización de ropa usada es difícil de eliminar, porque a esta actividad se aferran miles de personas por la falta de empleo, pero también los micro y pequeño empresarios soportan grandes pérdidas.

Por todo lo mencionado, el Gobierno está ante la disyuntiva de prohibir realmente la importación y comercialización de ropa usada, lo que significará el cierre de las ferias, mercados y puestos callejeros de venta de esa mercadería, o continuar con su política de permitir lo prohibido y soportar las protestas sociales de los micro y pequeños empresarios. En todo caso si las autoridades gubernamentales realmente apoyan a la industria nacional, deben restringir la comercialización de prendería de segunda mano y controlar rigurosamente el contrabando de esa mercadería. Corresponde, en consecuencia, clausurar los comercios y puestos de venta que terminaron de vender su mercancía y dar penas ejemplarizadoras a los contrabandistas. Además se tiene que proceder a la destrucción de la ropa usada confiscada de contrabando. No hay otra solución.