Desde el 29 de mayo al 4 de junio de 2009 se desarrollará la semana de acción global contra las municiones de racimo, convocada por la Cluster Munition Coalition (CMC). Chile ha sido fabricante y exportador de estas armas desde los '70, contando con un importante arsenal. Estas armas aire-tierra desprenden decenas de bomblets, que equivalen a granadas antipersonales, en todas direcciones, lo que causa severos daños en personas (principalmente civiles) y ambiente, pues sus restos son peligrosos pasivos.

El problema requiere no sólo del compromiso, sino de acciones concretas de los estados. Si bien 94 países adhirieron a la Convención de Oslo sobre Municiones en Racimo en diciembre de 2008, sólo siete la han ratificado. La convención prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de estas armas y obliga a los países a limpiar las áreas afectadas, asistir a las víctimas y destruir existencias en un plazo de ocho años.

Potencias como EEUU poseen un largo historial en el uso de bombas de racimo. Hoy, son utilizadas en las campañas de Irak y Afganistán, causando grandes estragos en la población civil. En Medio Oriente, Israel, además de ser fabricante, ha lanzado estas bombas sobre Líbano y los territorios ocupados. Rusia, China, India y Pakistán se oponen públicamente a la convención. Como contraste, Gran Bretaña dispuso la destrucción total de este material, deteniendo su fabricación. El Primer Ministro, Gordon Brown, dijo: "Hemos decidido poner fuera de servicio todas nuestras bombas de racimo. Creo que es un gran paso para hacer del mundo un lugar más seguro".

A principios de mayo de 2009, la Fuerza Aérea Colombiana destruyó 41 bombas CB-250K de fabricación chilena que estaban en diferentes unidades. El entonces ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, dijo que con esta destrucción su país "reafirma su compromiso con los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares internacionales del derecho internacional humanitario".

A nivel global, más de 300 organizaciones en 80 países son miembros de la CMC. Se trata de organizaciones civiles que trabajan por el desarme, la paz y la seguridad, los derechos humanos, la asistencia a víctimas y la limpieza de este tipo de armamento. Las ONG integrantes realizan esfuerzos para asesorar a los gobiernos y generar conciencia en la población civil acerca del peligro de estas municiones. En Chile, el monitoreo es realizado por el Centro de Información Zona Minada, cuyo director es Elir Rojas Calderón. La organización, asociada al Cluster Munition Coalition actúa como observador del proceso de desminado y limpieza de material, porque Chile es el único país en Latinoamérica que registra víctimas civiles (29 fallecidos en la explosión de una CB 500 mientras se producía en la Planta Cardoen de Alto Hospicio, el 25 enero de 1986). A la fecha, no se tiene certeza de la superficie total contaminada con bombas de racimo ni de la cantidad de submuniciones esparcidas en suelo chileno, en especial en zonas fronterizas.

De ahí la importancia de los esfuerzos permanentes en esta materia, en especial sensibilizando a la población, porque si revisamos los testimonios existentes a nivel mundial, se constata que la mayoría de las víctimas son niños y jóvenes.