Desde el Parlamento Europeo hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) provinieron ayer las condenas a los últimos choques entre policías e indígenas en la selva peruana, que el fin de semana dejaron, al menos, 35 muertos.
Según los analistas, estos enfrentamientos podrían significar la peor crisis del gobierno de Alan García, quien denunció que detrás de esta violencia se encuentra una red internacional interesada en complotar contra la estabilidad política y económica de su país.
"Hay una conspiración en marcha que quiere evitar que utilicemos nuestras riquezas naturales para fomentar el caos y la crisis (...) y ésos son los ‘quinto-columnistas’ de nuestros adversarios y competidores internacionales", dijo García.
En Bolivia los dichos del Mandatario peruano no sonaron bien y las autoridades interpretaron que estaban siendo acusados, a lo que respondieron negando cualquier vinculación con los hechos de sangre en Bagua, norte de Perú.
"Es un acto incorrecto y desesperado el tratar de vincular o acusar al Estado boliviano sobre los luctuosos hechos que ocurrieron en Perú. No existe ninguna acción de injerencia del gobierno boliviano, los datos están ahí", declaró el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce.
A este nuevo foco de tensión entre Perú y Bolivia, se sumaron los informes que hablaban de la posible presencia en suelo boliviano de Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de la Selva peruana (Aidesep), acusado por el gobierno de Lima de los enfrentamientos en Bagua, localidad militarizada y en toque de queda. Pero el hecho fue descartado durante la tarde y se confirmó que Pizango está asilado en la embajada de Nicaragaua en Lima.
La presente convulsión interna ponen al Presidente García en una delicada posición. "Es la peor crisis del gobierno de García. No se evaluaron adecuadamente los riesgos y consecuencias de un enfrentamiento con los nativos; se actuó de manera muy poco pensada y muy poco analizada", estimó el sociólogo Eduardo Toche, del Centro de Promoción del Desarrollo.
En tanto, para el analista Carlos Reyna los graves incidentes en la región amazónica tendrán "un costo político que será muy alto y debe desembocar en la renuncia del gabinete ministerial que dirige el Premier Yehude Simon, cuya gestión tiene ahora una legitimidad casi nula".
SANGRE EN LA SELVA
Los indígenas peruanos protestan desde abril para que se deroguen decretos de 2007 y 2008 que, consideran, puede quitarles sus tierras en beneficio de empresas petroleras, mineras o madereras.
Pero las manifestaciones pasaron a la violencia este fin de semana (viernes y sábado) en Bagua, donde choques con uniformados dejaron 35 muertos: 11 indígenas y 24 policías, algunos de los cuales fueron degollados.
Ayer una carretera e instalaciones petroleras tomadas por indígenas en la selva norte del Perú se convirtieron en nuevos focos de tensión.
La violencia fue condenada ayer por diversas personalidades y organizaciones locales e internacionales. La CIDH instó al Estado peruano a "esclarecer judicialmente estos hechos de violencia y reparar sus consecuencias", según el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dos eurodiputados franceses, entre ellos el altermundialista José Bové, denunciaron también "la masacre de comunidades indígenas" y llamaron al Presidente García a suspender las operaciones militares en la zona.
En tanto, la ONG Amazon Watch denunció ayer que la Policía peruana está haciendo desaparecer cadáveres de nativos con el fin de disminuir el número de víctimas en los violentos disturbios en Bagua.
