Fue el incidente internacional más grave que recuerde la diplomacia chilena en los primeros años de la recuperada democracia. Cuando el entonces ministro de Defensa Patricio Rojas recibió la noticia de que en Budapest, Hungría, un avión cargado con supuesta ayuda humanitaria había sido confiscado por transportar armamento, explotó en furia.
Bien lo sabe el general (R) del Ejército Guillermo Letelier Skinner, presente en la ocasión. Hoy, este ex director de Famae deberá ir a prisión junto al general (R) de la FACh, Vicente Rodríguez Bustos como los autores del delito de exportación ilegal de material de uso bélico, hecho conocido popularmente como tráfico de armas.
La Corte Marcial dictó ayer la sentencia que confirma, casi en todo, lo resuelto el año pasado por el ministro en visita Alejandro Solís, designado para reabrir la investigación sobre la venta ilegal de armas a Croacia.
Junto con la fallida operación para comercializar bombas "avispa" (de racimo) a Irán en 1986, Croacia se transformó en el segundo intento de negocio ilegal, ordenado según confirma el máximo tribunal castrense por el ex dictador Augusto Pinochet.
En noviembre de 1991, un avión de la compañía Florida West despegó desde Santiago con un itinerario inicial que tenía como escala Panamá y como destino Nigeria.
El objetivo era llevar armamento que había sido dado de baja por el Ejército para ser vendido a las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Pero dicho objetivo nunca se cumplió.
El avión siguió rumbo a Miami y tras hacer una escala en ese lugar, siguió rumbo a Europa del Este, despertando las sospechas de las autoridades estadounidenses.
La nave aterrizó en Budapest, Hungría, y pese a que los embalajes y los documentos consignaban que eran propiedad del "Hospital Militar del Ejército de Chile" que contenían "humanitarian aid" (ayuda humanitaria), al abrirlos se encontraron con un verdadero arsenal de guerra que tenía como destino Croacia, la nueva república balcánica.
La guerra que enfrentaba a las naciones de la ex Yugoslavia llevó a la ONU a decretar un embargo de armas y la prohibición de venta a ese país.
CASOS REABIERTOS
De allí lo incómodo de la situación para Chile, que en ese momento aún tenía a Pinochet al mando del Ejército. Inicialmente, en manos de la justicia militar, el caso fue cerrado estableciendo como responsable sólo a suboficiales.
Sin embargo, la aparición de nuevos testimonios y el nexo con el crimen del coronel Gerardo Huber, llevó a que se reabriera y fuera entregado al juez Solís para que se investigara.
Dentro de los testimonios que cambiaron el rumbo del juicio estuvo el del general (R) Florencio Tejos, ex jefe de Material de Guerra del Ejército, que confirmó que Pinochet estuvo al tanto de la operación y que dio la orden para dar curso a la venta. Asimismo, sostuvo que el tema fue discutido en el consejo de Famae y que los responsables eran Letelier y Rodríguez.
Ambos generales fueron condenados como autores a tres años y un día de presidio, pero el ex director de Famae, además deberá cumplir una pena de 541 días de presidio como autor del delito de falsedad, ya que ordenó confeccionar en documentos falsos para que los aprobara el Ministerio de Defensa de la época y la Aduana.
Por el mismo delito, pero a 541 días de pena remitida (no van a prisión), fueron condenados el suboficial (R) Ramón Pérez, el capitán (R) Pedro Araya, David Fuenzalida, Carlos Sepúlveda y Patricio Pérez.
En tanto como cómplices, fueron sentenciados a 300 días remitidos, la ex secretaria de Famae Carmen Molina, Antonio Sahd Salomón y Sergio Pollmann Müller.
Se espera que todos los condenados pidan el último resquicio legal, un recurso de casación, para intentar revertir en la Corte Suprema esta sentencia.
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