El 13 de marzo de este año, la Corte Suprema hizo eco de los llamados de auxilio de la menor Sabina Bustos Delgado, de 17 años, quien denunció haber sido víctima de un secuestro y de reiteradas amenazas por parte de personas pertenecientes la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso.

La joven pidió a la justicia, mediante un recurso de amparo, que se dictaran medidas de protección efectiva para su persona, pues temía por su vida.

Esto, según relata el escrito, porque estaba siendo perseguida y amenazada si declaraba judicial o extrajudicialmente detalles sobre el caso de explotación sexual del que ella había sido víctima.

Agrega que entre quienes fueron sus clientes había funcionarios de la policía civil, abogados, fiscales del Ministerio Público y marinos norteamericanos de la Operación Unitas.

Junto con acoger el amparo, el máximo tribunal ordenó que el Servicio Nacional de Menores (Sename) diera protección a la joven una vez que se rehabilitara de su adicción a las drogas, situación que estaba siendo monitoreada por el juzgado de familia porteño.

La Suprema estableció que había antecedentes suficientes para creer que había hechos irregulares y que Bustos debía quedar bajo el resguardo de Carabineros, revocando así la decisión del tribunal de alzada porteño que había desechado el amparo.

Ésta es sólo una parte de la historia de denuncias realizada por la menor, quien apunta sus dardos no tan sólo a policías, sino también a otros profesionales que habrían requerido sus servicios a sabiendas de su edad.

Hasta el momento, en la investigación del Ministerio Público no se ha establecido que personal de otras instituciones estén involucrados, sin embargo, fuentes allegadas al caso señalaron que esto recién empieza por lo que no se puede descartar que tales acusaciones tengan algún grado de veracidad.