Conforme a la tendencia exhibida hasta abril pasado, los Programas de Empleo con Apoyo Fiscal (PEAF) podrían superar el número de plazas creadas durante la llamada crisis asiática, que alcanzaron su mayor nivel en agosto de 2003, cuando sumaron 150 mil.

Un número casi idéntico a las 151 mil 500 ocupaciones registradas en el primer trimestre de este año, cuando aún no se alcanzaba el máximo de desempleo esperado para los meses de julio a septiembre próximos.

Considerando la importancia de los PEAF como alternativa de empleo (en 2001, éstos llegaron a cubrir un 12,6% de la población potencial y absorbieron un promedio mensual de 1,8 puntos porcentuales de la tasa de desempleo nacional), pero también los enormes montos de gasto fiscal involucrados, el Departamento de Economía de la Universidad de Chile evaluó el impacto de los programas de empleo durante el período 2000-2003.

Entonces como ahora, los PEAF son definidos como alternativas de empleo transitorio, cuyo objetivo principal es apoyar la reinserción laboral de los cesantes al mercado formal de trabajo.

No obstante, la investigación de la U. comprobó una notable diferencia de los programas en términos de su transitoriedad.

Entre enero de 2000 y junio de 2004, los beneficiarios de los programas de empleo directo tenían una permanencia de 18,5 meses, un lapso seis veces mayor que los del programa Sence (3 meses) y 3,7 veces más que los beneficiarios del Fosis (4,9 meses promedio).

David Bravo, director del Centro de Microdatos de la U. y coordinador de la investigación, piensa que muchas de las recomendaciones hechas entonces siguen vigentes.

La investigación comprobó, por ejemplo, que los programas directos presentan el peor desempeño en generación neta de empleos e indicadores de costo-efectividad.

En relación con el gasto promedio por beneficiario, los programas directos representan casi el doble de lo que cuestan los programas del Fosis. 

El caso más evidente es el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Es el más costoso ($281 mil por empleo en 2003) y además contiene fuertes incentivos para mantenerse en el tiempo incluso si la situación de empleo mejora.

La conclusión de Bravo es tajante: "Si los programas se evalúan sólo desde la perspectiva del empleo, los directos debían ser eliminados pues existen opciones menos costosas de producir un mismo o incluso mayor impacto. El argumento es simple; si todos apuntan a la misma población beneficiaria, se hace difícil justificar la mantención de programas con una peor evaluación relativa".

Pero la recomendación, hecha en 2004, sigue sin ser atendida. Al cierre del primer trimestre de 2009, los PMU ocupaban el quinto lugar de los programas de generación de empleo.

"Precisamente por estas limitaciones es que he propuesto a debate en el gobierno reconvertir los PMU en programas de empleo dirigidos a las micro y pequeñas empresas, que presentan condiciones de mayor empleabilidad para trabajadores de poca calificación", precisa Mauricio Jélvez, subsecretario del Trabajo.

La investigación de la U. detectó además deficiencias en la disponibilidad de información centralizada de los programas.

"Esto se corrigió precisa Jélvez: Dimos un salto cualitativo muy importante para instalar un sistema de registro que era muy deficitario. Desde mayo pasado la información está centralizada y tenemos un sistema de registro y fiscalización muy eficientes. Antes las solicitudes ingresaban por muchas y muy distintas ventanillas, lo que impedía evaluar dónde estaban las necesidades más apremiantes. Ahora, las intendencias conocen y evalúan previamente la información".