El gobierno ha resuelto no invocar la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) antes de entregar su contramemoria de contestación a la aspiración de Perú que pretende modificar el límite marítimo entre ambas naciones. Después de la presentación del recurso limeño, en marzo de este año, Chile tenía un plazo de 90 días -que se extinguen este viernes 19- para formular algún cuestionamiento al tribunal. Luego de la medida informada ayer, el Ejecutivo cuenta con tiempo hasta el 9 de marzo de 2010 para responder a la demanda de Palacio Pizarro. En el documento de La Moneda se plantearán tanto objeciones de fondo, la existencia de una frontera validada en tratados de los años 1952 y 1954 de carácter trilateral -el otro actor interviniente es Ecuador-, como de forma y procedimiento, aludiendo así a la falta de un hecho contencioso objetivo que faculte la intervención de la instancia jurídica.

La decisión de la Presidenta Michelle Bachelet fue comunicada a los presidentes de partidos de todo el arco político, lo que constituye una clara señal transversal de unidad frente a la acción del régimen de Alan García. De hecho, el conjunto de dirigentes ha respaldado de modo consensual la estrategia definida por la Jefa de Estado.

De acuerdo con la explicación oficial, se ha optado por hacer presentes los dos planteamientos de manera simultánea debido a que la experiencia de la CIJ evidencia su oposición a admitir excepciones preliminares. La postura histórica del tribunal es pronunciarse acerca de su competencia en función de los argumentos de fondo de las dos partes, lo que puede incluir el punto de la jurisdicción. Existe además una razonable duda acerca de cuán imperativa es la exigencia que el Pacto de Bogotá impone a los estados de la región de someterse a la esfera de La Haya. Desde luego si Chile sostenía ahora la falta de atribuciones de la CIJ antes de exponer sus tesis, arriesgaba un rechazo formal, hecho que sin duda habría sido interpretado como una anticipada derrota. En este contexto la resolución presidencial se aprecia como un acto apegado al Derecho Internacional y a la prudencia diplomática, pero que no debe ser leído a la luz de una aceptación del intento de revisión de Perú. Según se subrayó en Cancillería, tanto los tratados como las leyes internas de ambas naciones y el dominio ejercido por Chile en la zona son señales inequívocas de la efectiva existencia de un límite marítimo.

Si bien al presentar su recurso la administración peruana apuntó a la teoría de las "cuerdas separadas", es decir, a autonomizar la acción ante La Haya del amplio y rico abanico de relaciones Lima-Santiago, ese deseo se ha enfrentado con inevitables altibajos. También se han dañado los lazos de Bolivia con Perú, debido a que el gobierno del Presidente Evo Morales no ignora que el reclamo suspende sine die la hipótesis de que Chile accediera a negociar una salida al mar para La Paz. Este cuadro ha llevado a diversos analistas a destacar que desde el punto de vista geopolítico hay un clima de mayor tensión en el área.