Gobierno y Concertación siguen jugados por la píldora

Las estadísticas y el debate en diversidad parecen demostrar que el tema de la “píldora del día después” no es sólo valórico y menos está acotado a doctrinas religiosas.

Apunta a ser un tema de salud pública y de derechos consagrados para todas las mujeres.

De allí que las sociedades realmente modernas este tipo de asuntos los tienen asimilados.

Como sea, la polémica se presenta. Lo que llama la atención es que en un tema vital para las mujeres chilenas, la derecha -es un hecho de la causa- presente dos posturas: una de su candidato presidencial y otra de sus partidos. Eso, evidentemente, no es una buena señal de quienes, además, aspiran a gobernar el país.

En todo caso el oficialismo presenta una línea de continuidad en el tema sosteniendo que el Estado debe ser garante de la salud pública, de los derechos de sus ciudadanas y de garantizar opciones de acceso a un fármaco que existe y que cumplen un objetivo específico.

A estas alturas, el tema ya escaló a una dimensión política y electoral donde, nítidamente, se observa quiénes tienen opiniones conservadores y quiénes opiniones progresistas. Y de allí, se instala como un asunto contemporáneo en nuestra sociedad.

Reacio a comentar la determinación del gobierno de pedir una reconsideración al fallo emitido por Contraloría sobre la prohibición de repartir la “píldora del día después” en ciertas circunstancias, se mostró ayer el contralor general, Ramiro Mendoza. Aún así, el encargado del organismo deslizó que si el Ejecutivo “estima hacer una reconsideración está en su legítimo planteamiento”.

Mendoza se refirió al fallo al finalizar un seminario sobre derecho administrativo militar en que coincidió con el ministro de Defensa, Francisco Vidal.

El contralor indicó que “de lo único que me hago cargo es de las respuestas institucionales nuestras y desde ese punto de vista, pero no he entrado ni he visto (el tema)”.

Ramiro Mendoza abundó: “Esta es una reconsideración y las reconsideraciones van dirigidas a la persona que hace la decisión. Es la subcontralora la persona que firmó esa decisión y yo responderé por mi institución”.

El gobierno no se cruzó de brazos ante la polémica por la distribución de la píldora. La primera acción será una solicitud de reconsideración del dictamen a la Contraloría. La segunda -estudiada en el curso del día por diversos equipos de trabajo- se traduce en un proyecto de ley que será enviado al Parlamento la próxima semana, y que nació por orden expresa de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Así lo confirmó la vocera de Gobierno, Carolina Tohá, acompañada por el ministro de Salud, Álvaro Erazo, y la titular del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz.

La norma contemplará la obligación del Estado de “entregar información, educación y orientación a las personas”, sobre la prevención del embarazo y “las consecuencias de los delitos de violencia sexual contra las mujeres”, detalló Albornoz.

Erazo se refirió al fondo del asunto, reiterando la visión del gobierno de que la pastilla del día después no reviste carácter abortivo. “Hoy día, cuando se ha abierto este debate a raíz de esta decisión de Contraloría, pensamos que hay más evidencias aún para sostener que estamos hablando de un método de anticoncepción que es de emergencia, toda la evidencia que hay a nivel mundial es que no estamos hablando en ningún momento, en ninguna circunstancia, de riegos ni de condiciones abortivas”.

La urgencia del proyecto sería resuelta por la Presidenta a su regreso de su gira por Estados Unidos y México el próximo viernes, aunque no descarta que gestione su decisión desde el extranjero. La propia Mandataria, de hecho, solicitó que el proyecto sea lo más claro posible para conseguir una tramitación rápida y sencilla.