Una variada gama de organizaciones ambientalistas y ciudadanas solicitaron formalmente al intendente de la Región de los Ríos y presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), Iván Flores, que rechace la petición presentada por la empresa Arauco ante la propia Corema en orden aumentar en un 20% la producción anual de la planta Valdivia sin pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
"La Ley de Bases del Medio Ambiente señala que este tipo de proyectos sólo podría ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental", señala la carta firmada por Claudia Sepúlveda, de Acción por los Cisnes; José Araya, del Codepu; José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano; Alfonso de Urresti, diputado socialista por Valdivia, y una serie de organizaciones sociales.
La misiva suscrita además por representantes de ONG ambientalistas como Sara Larraín (Sustentable), Fernando Dougnac (FIMA), Paola Vasconi (Terram) y Lucio Cuenca (OLCA), estima que la solicitud de Arauco "aumenta el volumen de producción en 110 mil toneladas de celulosa anuales, aumentando con ello los residuos industriales líquidos (riles) vertidos al río Cruces".
Por lo anterior, las organizaciones sostienen que "resulta evidente" que el aumento de producción propuesto corresponde a "una modificación significativa del proyecto original", recordando que la propia Corema sancionó a Celco en 2005 por no informar un incremento de producción "no autorizada y no evaluada ambientalmente", por lo que el organismo resolvió que, desde entonces, la planta debía someterse obligatoriamente al SEIA.
La carta añade que en caso de aprobar la Corema la propuesta de Arauco se estaría "actuando en el sentido justamente contrario al establecido en la Resolución 377, al aumentar las descargas de Celco-Arauco en el río Cruces, en vez de tender a su eliminación total, como lo estableció la Corema de los Lagos el año 2005. A la fecha, el ecosistema no muestra señal alguna de recuperación que justifique un aumento de la descarga de la planta Valdivia", sostienen los reclamantes.
"Lo más grave", finalizan, es que la petición de Celco "supone que las autoridades ambientales estarán dispuestas a incumplir la legislación vigente y a intervenir con criterios políticos las decisiones ambientales ( ) Se trata de un nuevo intento de Celco de vulnerar la institucionalidad ambiental ( ) De aprobar la Corema la solicitud sólo contribuirá a que la reforma ambiental en trámite no sea más que letra muerta ya que estaría legitimando procedimientos administrativos viciados por presiones políticas", concluyen los firmantes.
Hasta ahora, la industria señala que ha recurrido a la Corema y no al SEIA debido a que considera que el proyecto no incumple ninguno de los cerca de cincuenta parámetros fijados por la resolución ambiental que autoriza su operación.
