Han aparecido en Chile en los últimos tiempos, y desde donde aparentemente no debieran, diversas propuestas para eliminar la progresividad del impuesto a la renta. Mientras, en Gran Bretaña, el Primer Ministro, Gordon Brown, ha decidido el incremento de la tasa más alta de este impuesto desde 40% a 50%. El gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero se ha manifestado dispuesto a aplicar una medida de este tipo en su diálogo con otras fuerzas políticas en el Parlamento hispano para la aprobación de la ley de presupuestos.
El nuevo presupuesto del Presidente Barack Obama incluye, por su parte, retrotraer las rebajas de impuestos a los más ricos realizadas por la anterior administración. A su vez, el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) acudirá a las elecciones generales de septiembre con un programa que incluirá un incremento de la tasa máxima del impuesto a la renta de 45% a 47%. Este gravamen, conocido popularmente como "el impuesto de los ricos", se aplica a todos los ingresos anuales superiores a 125 mil euros, en el caso de los solteros, y del doble, en el de los casados.
Y es que es el propio Adam Smith ("no es poco razonable que los ricos deban contribuir al gasto público no sólo en proporción a su ingreso, sino en algo más que en esa proporción") quien fundamentó el principio de la progresividad del impuesto en una fecha tan lejana como 1776. El principio de equidad tributaria establecido desde entonces sólo se ha puesto en cuestión, en nombre de la eficiencia, en las economías recientemente reconvertidas al capitalismo en diversos países este-europeos.
Así, los ultraliberales modernos buscan una completa "neutralidad tributaria" y la reducción de la política económica y fiscal a su mínima expresión para dejar al mercado las decisiones económicas fundamentales. Esto fue expuesto, por ejemplo, por Milton Friedman en el marco de su esquema de impuesto negativo como alternativa al Estado de Bienestar en 1962 en su libro "Capitalism and freedom". Este tipo de ideas ha sido rechazado tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental y América Latina, porque, en palabras de Gordon Brown, no cabe que "el millonario pague exactamente la misma tasa que una joven enfermera, una trabajadora del hogar o un obrero remunerado con el salario mínimo". Abandonar la idea de la tributación progresiva a la renta es abandonar una idea central del progresismo (en este caso la redundancia no es casual): que paguen proporcionalmente más impuestos los que tienen más.
Hagamos un poco de historia. El impuesto a la renta se introdujo en la mayoría de los países en los albores del siglo XX. En Chile esto ocurrió a partir de los ’30. Los que inventaron las tasas altas fueron los anglosajones. En EEUU, entre 1932 y 1980, la tasa aplicable a los muy altos ingresos tuvo un promedio de 80,2%, con cifras comparables en Gran Bretaña. En Europa continental las tasas no han excedido el 60%, lo mismo que en Chile. La ola neoliberal de la era Pinochet, Reagan y Thatcher rebajó por doquier estas tasas. La mayoría de los economistas sigue considerando un instrumento efectivo, o en todo caso mejor que intervenir empresas o fijar precios, la aplicación de tasas altas a los muy altos ingresos como instrumento base de las políticas redistributivas, junto con la progresividad del gasto.
En EEUU, 81% de los economistas está en favor de la progresividad del impuesto. Por ejemplo, el economista Thomas Picketty, reputado experto en el tema, propone gravar con altas tasas los ingresos superiores a 1,4 millones de dólares anuales, lo que excluye a 99,5% de la población, porque sostiene que el mercado de trabajo no está funcionando bien para asignar remuneraciones correspondientes a la productividad en el caso de los altos directivos de empresas. Esto se ha puesto de manifiesto en la reciente crisis mundial y en las remuneraciones y primas desmedidas de cuerpos directivos que llevaron a decenas de entidades financieras a la quiebra.
En Chile se señala con razón que las empresas tributan poco y que sus dueños descuentan esos pagos de sus impuestos personales. La idea de incrementar la tasa del impuesto a las empresas tiene fundamento si se consideran las necesidades de financiamiento de nuevos esfuerzos sociales en educación, salud, vivienda, pensiones.
Pero tiene más fundamento mantener y eventualmente incrementar los impuestos de los ingresos de las personas que son dueñas de empresas y no de las empresas propiamente tales, porque éstas deben poder invertir, innovar, crear empleo y distribuir mejores salarios. El esquema más apropiado debiera ser más bien el de no permitir a los dueños de empresas descontar (global complementario) sus pagos de impuesto a las utilidades (primera categoría) si las empresas respectivas no cumplen con obligaciones de gasto en capacitación de los trabajadores, despiden más que el promedio, no cumplen metas de reducción de emisiones de carbono o no realizan gastos en investigación y desarrollo.
Así se sustituirían múltiples exenciones tributarias poco eficaces y se promovería activamente conductas empresariales socialmente deseables y al mismo tiempo socialmente rentables, mediante el uso inteligente de la política tributaria. La política tributaria no debe ser neutral ni en términos de equidad ni en términos de eficiencia empresarial y de asignación de recursos. Así lo demuestra la experiencia de los países exitosos.
