El 64,5% de la población peruana considera que el Presidente Alan García, es el principal responsable de los hechos violentos en la Amazonía, que se saldaron con 34 muertos el 5 de junio pasado, según un sondeo nacional difundido hoy.

Un estudio de la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (CPI), publicado por el diario Correo, revela que la crisis amazónica pasó factura al mandatario, ya que su popularidad descendió en junio pasado a 21,2%, unos 8 puntos porcentuales menos respecto a abril de este año.  

Por otro lado, el 4,9% y el 4,8% de los encuestados responsabiliza de los hechos violentos al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y a la titular del Interior, Mercedes Cabanillas, respectivamente.  

El 54,0% y el 65,6% cree que Simon y Cabanillas deben renunciar a sus cargos, según los datos de la encuesta, que tiene un margen de error de 2,7%.  

Precisamente, Simon y Cabanillas fueron interpelados ayer, jueves, en el Congreso peruano para explicar la actuación del Gobierno en la crisis amazónica y, en esa misma sesión, se pidió la censura del primer ministro.  

En la misma encuesta, el 4,2% responsabiliza de la violencia en la Amazonía al líder indígena Alberto Pizango, quien está asilado en Nicaragua tras haber sido acusado ante la justicia peruana por azuzar los actos violentos durante las protestas.  

Las comunidades amazónicas iniciaron una protesta el 9 de abril pasado contra una serie de decretos legislativos aprobados para adecuar la legislación peruana al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que los indígenas consideraban lesivos a sus derechos sobre la tierra y a la consulta.  

Las protestas llegaron a su punto cúlmine el 5 de junio pasado cuando murieron 24 policías y 10 civiles durante el desalojo de una carretera bloqueada por los indígenas y la toma de una estación petrolera.  

Tras estos trágicos sucesos, el Ejecutivo, que había denunciado la injerencia de fuerzas extranjeras en las protestas (apuntando a Bolivia y Venezuela), dio marcha atrás, retomó el diálogo e hizo que el Congreso derogara dos de las más polémicas leyes, relacionadas con el manejo forestal y el uso de las tierras.  

El 81,7% de los encuestados considera que los reclamos de los indígenas son justificados y el 77,9% señala que la principal razón de ellos es defender su territorio.