El proyecto de ley que busca fortalecer la educación pública tiene loables propósitos, los cuales compartimos plenamente. Sin embargo, como suele ocurrir, no siempre éstos coinciden con los instrumentos que se proponen para implementarlos. En efecto, a nuestro parecer nada cambia en la relación del gobierno central con las regiones, nada cambiará con las propuestas de crear un Servicio Nacional de Educación y las corporaciones que administrarían los actuales establecimientos municipales.
Primero, el proyecto señala que se creará el Servicio Nacional de Educación. A este servicio "le corresponderá la ejecución de las políticas, planes y programas definidos por el Ministerio de Educación para los sostenedores que reciban subvención o aportes del Estado ". Es decir, no sólo se mantiene la tutela técnico-pedagógica sobre los sostenedores públicos, sino que se extiende a los privados y, más aún, se reserva la facultad de "asesorar" directamente a los establecimientos que ellos definan que requieren de su conocimiento y apoyo experto o, en su defecto, contratarles apoyos externos. Nada distinto de lo que ha estado haciendo hasta hoy la División de Educación General, pero ahora lo hará con otro nombre.
Este servicio constituye un obstáculo al buen funcionamiento de la Agencia de Calidad y de las nuevas corporaciones administradoras como las que se están proponiendo. Es la agencia la llamada a realizar los procesos de acreditación de las instituciones de asistencia técnica y para celebrar convenios de desempeño con los nuevos administradores; son las nuevas corporaciones las que deben diseñar e implementar los apoyos necesarios para que sus establecimientos logren resultados satisfactorios en los aprendizajes de sus alumnos, única manera de hacerlas responsables de la gestión educativa y de sus resultados.
El cambio de naturaleza jurídica de la administración municipal actual debe ir acompañada de verdaderas facultades técnico-pedagógicas, que terminen con la doble dependencia de los establecimientos escolares. Éste es un diagnóstico compartido y una de las debilidades de nuestro sistema educacional que en múltiples ocasiones se ha planteado; sin embargo, el Ministerio de Educación sigue atrincherándose en añosas y mañosas justificaciones que no se condicen con las demandas de mayor eficacia y descentralización efectiva que se requieren, se sigue manteniendo la idea de que "el centro" y "la capital" saben lo que se debe hacer y que regiones y comunas deben limitarse a ejecutar lo que allí se piensa, diseña y ordena, ahogando toda iniciativa local o la posibilidad de generar innovaciones. Lo anterior es contradictorio con las aspiraciones del mismo proyecto: operar descentralizadamente, fortalecer la autonomía y la responsabilidad de los nuevos administradores.
Segundo, las nuevas corporaciones. Una de las mayores debilidades del actual sistema de administración municipal es la alta injerencia de los actores políticos locales en las decisiones eminentemente técnicas que deben tomarse en este nivel: como la designación de las dotaciones directivas, docentes y no docentes de los establecimientos escolares, la fijación de prioridades de inversión en desarrollo de los recursos humanos, en infraestructura y desarrollo organizacional. No todas éstas tienen retornos inmediatos, lo cual hace muy difícil compatibilizar las urgencias electorales locales con las urgencias educativas. La política electoral y la política educativa tienen tiempos distintos.
Por otro lado, sabemos de la importancia de implicar a la familia, a los padres en la educación y de la necesidad de que éstos tengan información suficiente para tomar mejores decisiones. Sabemos que su participación se traduce en una preocupación directiva por mejorar la gestión escolar y la convivencia y que todo ello se traduce en mejores aprendizajes de sus hijos y, sin embargo, carecen de representación en los consejos directivos de las nuevas corporaciones, lo cual constituye una ausencia inexplicable. Es de incidencia distinta su participación en los centros de padres y consejos escolares; más aún, creo que de los anteriores debiera originarse a lo menos un miembro de estos consejos directivos.
De mantener la actual estructura propuesta, lo que estaremos haciendo es fortalecer en el ámbito de la gestión escolar lo más pernicioso de la administración actual: la excesiva politización de las decisiones educativas. Los padres y los profesores pueden elegir a sus representantes y no crear una nueva instancia de reproducción, que por derecho propio auto referencian el poder político, pero ahora en el ámbito local.
Tanto el servicio nacional como las nuevas corporaciones serán más de lo mismo si no somos capaces de hacer los cambios que el país sigue esperando. En la propuesta actual, una de las dos instituciones está de más: si queremos mantener el servicio nacional, encarguémosle también la administración de todas nuestras escuelas y liceos y prescindamos de la figura de las corporaciones; pero si la idea es tener una administración descentralizada, autónoma, responsable, ágil y flexible, entonces tomemos decisiones y no maquillemos lo existente para que todos sigan haciendo más de lo mismo.
Lo que nuestro país necesita son acciones decididas, que otorguen más poder al Estado, y creo que con la Agencia para la Calidad y la superintendencia es suficiente para tener claridad en las tareas y en las responsabilidades, de modo que se traduzca también en mejor Estado. Clarificar la estrategia legislativa y otorgar urgencia a los cambios que se proponen requiere definiciones reales y no mantener la ambigüedad actual, que ha sido una de las mayores responsables de que no podamos estar a la altura de lo que el país reclama: más y mejor educación para todos ahora.
