
Domingo 5 de julio de 2009
Hora y media duró la cita. Era la mañana del jueves 12 de marzo y 20 pisos sobre Villavicencio 364, en pleno barrio Lastarria, se libró un particular encuentro. En una de las oficinas del Ministerio de Defensa, cinco contertulios discutieron sobre el destino de Laguna Verde. Tres representantes de la comunidad de la Región de Valparaíso, comandados por Louis Charles Allamand -primo de Andrés, senador RN-, indagaron sobre su derecho a "oposición" frente a la solicitud de concesión marítima presentada por la empresa Portuaria Mar Austral para instalar un proyecto de puerto granelero en el balneario.
Junto a Louis, Paz Hormazábal y Claudia Monsalve reforzaban argumentos a la hora de defender el ecosistema y la tranquilidad tan característica de la zona. Por su parte, Adolfo Galindo, el jefe de gabinete de la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría, y el analista de las concesiones marítimas de la región, Esteban Sanfurgo, explicaban paso a paso el conducto regular para elevar el documento de oposición. Entre café y café, los dueños de las parcelas del sector expusieron cada uno de los puntos que tienen en contra del cuestionado proyecto elaborado por la sociedad formada por abogados de Urenda & Cia, que gestiona la iniciativa. El megaproyecto implicaría invertir cerca de US$100 millones. Portuaria Mar Austral es una de las filiales de Empresas Navieras, holding controlado por uno de los grupos económicos más influyentes del borde costero de la zona: el clan Urenda.
Don Beltrán, el patriarca de la familia, es un viejo conocido del gremialismo. Abogado de renombre, ex senador por la zona en dos períodos y uno de los pesos pesados de la industria marítima chilena; es un viejo financista de las campañas de la UDI. Según sus cercanos, a sus 89 años, el empresario está decidido a cumplir el sueño de toda su vida: construir un puerto en su querida región. "Beltrán ha dicho muchas veces que su mayor deseo es instalar un puerto propio, dice que sólo así podrá morir tranquilo", asegura un cercano a la familia.
José Manuel Urenda, el heredero que asumió el liderazgo de los intereses de la familia, no sólo está resuelto a cumplir el deseo de su padre; además, sus cercanos aseguran que está convencido de que el tener un puerto en la Región de Valparaíso será la única forma de asegurar e incrementar el patrimonio familiar. El proyecto de terminal portuario granelero contaría con un rompeolas de 500 metros y un sitio de atraque con profundidad de 15 metros para naves de hasta 70 mil toneladas.
Hombre de Arancibia
En plena campaña municipal, Jaime Barrientos, entonces candidato a concejal de la UDI por Valparaíso, dio a conocer a la prensa la solicitud de concesión marítima de Portuaria Mar Austral. Era la coyuntura perfecta para demostrar su lealtad al senador Jorge Arancibia. Por esos días ya se iniciaba la aguda pelea en el gremialismo por el cupo senatorial de la Quinta Región Costa donde, antes que apareciera Joaquín Lavín, los candidatos más fuertes eran el propio Arancibia y el sobrino de don Beltrán y diputado de San Antonio, Edmundo Eluchans Urenda. En ese entones, el patriarca desplegaba todos sus contactos políticos económicos para mantener su influencia en el Congreso y sentar a su sobrino en la cámara alta. Las aguas gremialistas de la Región de Valparaíso se dividían entre quienes estaban con Eluchans o Arancibia. Y Barrientos era hombre del ex almirante. "Una vez que el candidato a concejal dio a conocer el proyecto, el mismo Arancibia aseguró que sería muy acucioso con que cumpliera las normativas", enfatiza un parlamentario de la UDI."En el mes de octubre de 2008 tomé conocimiento de que una empresa había solicitado una concesión marítima para realizar actividad portuaria. Desde entonces me he reunido con vecinos de Laguna Verde y representantes de la empresa. Yo estimo que cualquier proyecto de esta envergadura debe estar al conocimiento en detalle de las personas que viven en la comuna", enfatiza el concejal Barrientos, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Valparaíso.
Desde que el proyecto se hizo público, las organizaciones vecinales del sector comenzaron a oponerse al puerto de los Urenda.
Mientras, el nonagenario controlador de Interoceánica decidió movilizar sus influencias en el mundo político y económico para dar a conocer el proyecto. En el medio político de la circunscripción Quinta Costa, hay quienes aseguran que el deseo real de don Beltrán es conseguir la licitación del espigón de Valparaíso y competir con uno de los operadores portuarios más importantes del país, el grupo Von Appen, que controla el puerto de Valparaíso desde 1999. "Es probable que la solicitud de concesión marítima en Laguna Verde sea una estrategia de los Urenda para presionar por conseguir una licitación en el espigón de Valparaíso, puerto que tendría mucho más valor", reconoce a LND un parlamentario de la Alianza que pide reserva de su nombre.
¿Y los laguninos?
En Laguna Verde la comunidad está dividida en dos grupos: aquellos que han nacido en la zona y los que se han ido a vivir allí en busca de tranquilidad y naturaleza. Aunque hoy se calcula cerca de tres mil habitantes, según datos del censo de 2002, Laguna Verde alcanzaba a las mil quinientas personas. Pese a que no es un número muy abultado, la zona no se ha escapado del alto nivel de desocupación. Según el último informe sobre cesantía del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), correspondiente al período marzo-mayo, la Región de Valparaíso tiene un 16,6 por ciento de cesantía y en Laguna se nota. Probablemente por eso, buena parte de los laguninos nativos están menos reticentes a la construcción del puerto, convencidos de que será un modo de paliar el desempleo, argumento que ha esgrimido la empresa en las reuniones con los dirigentes de las juntas de vecinos."Hoy la definición de puerto es ser un generador de actividad económica. Directamente haremos un aporte de unos 300 puestos de trabajo durante la obra. Y en el trabajo del puerto se espera tener unos 450 hombres trabajando en tres turnos diarios", asegura Francisco Álvarez, gerente del proyecto que encabeza Empresas Navieras holding. Agrega que además habrá aportes indirectos como construcción de caminos hacia el puerto y alcantarillados para toda la zona.
Pese a lo auspicioso de las cifras, buena parte de los vecinos no están convencidos. "Conocimos al proyecto a través de la prensa y no podíamos creer que nadie nos hubiese dicho nada. A fines de año, un par de personas comenzaron a ubicar a las juntas de vecinos. Se identificaron como sociólogos contratados por la compañía y trataron de convencer a la población de que el puerto era una muy buena oportunidad. Eso nos parece un cohecho, aprovecharse de la cesantía, asegurándole un posible trabajo a la gente que no está claro", asegura Jorge González, coordinador de las organizaciones antipuerto.
Junto a los nativos que se oponen, quienes tienen casa de descanso en Laguna Verde o se han ido a vivir allí en busca de tranquilidad se han convertido en una oposición férrea al puerto y están esperanzados en que si la Subsecretaría de Marina entrega la concesión, el trámite posterior, que es un estudio de impacto ambiental evacuado por la Conama, podría impedir la construcción del proyecto.
"Laguna Verde se ha ido poblando y muchos hemos ido adquiriendo parcelas ya sea para vivir o veranear, toda vez que el plan regulador indica que este es un espacio hermoso para turismo y esparcimiento. Incluso han venido personalidades, Edmundo Pérez Yoma tuvo casa por un sector, los Zaldívar en otro y así, entonces no es posible que cambien bruscamente las características establecidas. Por eso nos organizaremos y llegaremos hasta las últimas consecuencias para detener este proyecto", asegura Louis Allamand, director de la agrupación ecológica Ruta del Mar, que agrupa a 200 parceleros.
Junto a ellos, la agrupación de vecinos colindantes a la construcción del puerto, la Cooperativa Bahía Laguna Verde y la Junta de Vecinos Génesis se agruparon y organizaron para seguir acciones legales frente al tema. La primera medida fue presentar la oposición a la solicitud de concesión marítima a la Subsecretaría de Marina a mediados de abril, acción que por ahora tiene detenido el proceso (ver recuadro).
"En Chile solicitar una concesión requiere someterse a un estudio que el Estado hace sobre la viabilidad e impacto social del proyecto, esto no es un trámite como sacar carné de identidad, no es un derecho adquirido. En este caso, la comunidad de Laguna Verde presentó una oposición, lo que exige que la empresa convoque a una reunión a su opositor y se discutan los temas. Eso abre una instancia de posible acuerdo entre quien está solicitando una concesión y quien se opone a esa solicitud, ambos están en igualdad de condiciones", asegura la subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría.
Mientras, los vecinos organizados ya se coordinaron con dos abogados que los asesorarán en futuras acciones legales: el ex diputado RN Arturo Longton y el abogado Luis Felipe Ossandón. "Esperaremos que la empresa convoque a quienes se opusieron para discutir nuestros puntos y para eso el plazo es hasta el 30 de julio. Aunque siempre es mejor llegar a un acuerdo extrajudicial, por ahora no descartamos ninguna acción legal", asegura Longton. //LND
