En cada una de las manifestaciones a favor de Manuel Zelaya hay incienso preparado especialmente por la comunidad afroamericana de Honduras. Una mezcla de elementos aromáticos que busca atraer los buenos espíritus y la paz al país, hoy profundamente dividido entre los que quieren el regreso de "Mel" -como llaman al depuesto Presidente- y de los que prefieren que permanezca fuera del país. Ese olor también estuvo presente en las manifestaciones frente a la OEA en Tegucigalpa para respaldar las fallidas gestiones de José Miguel Insulza con las autoridades de facto locales, con miras a restaurar la democracia. Pero es un asunto que no parece pronto a resolverse. Porque la crisis que detonó justo hace una semana no fue más que el resultado de un proceso que se cocinó a fuego lento, pero que ninguna autoridad internacional supo prever en sus consecuencias.

El viernes, Insulza llegó a un país que vive a su manera el golpe de Estado. Para quienes creían llegar a Honduras y ver una nación sitiada por militares, con una economía paralizada y con el resurgimiento de una tenebrosa policía secreta al estilo de la década del 70 y 80, la realidad ha sido distinta. Tras el derrocamiento de Zelaya y la fuerte presión internacional, el gobierno de facto de Micheletti ha tomado medidas para dar una imagen de cierta normalidad. El comercio, incluidos los malls, permanece abierto y los ciudadanos concurren a sus actividades de trabajo, salvo los profesores que se mantienen en huelga a raíz de la situación política. El toque de queda ha sido lo más fuerte para esta sociedad, ya que entre las 22 horas y las 6 de la mañana, está prohibida la circulación de personas. La fuerza militar está desplegada en sitios clave como el palacio de gobierno y los edificios públicos y las marchas ciudadanas de uno y otro bando -nítida expresión de la crisis- son custodiadas en la capital por la llamada policía preventiva. Pero ello no ha sido impedimento para la represión a las marchas organizadas por la oposición en otros sitios, como ha ocurrido en San Pedro Sula.

Esa normalidad es sólo la apariencia. La embajada de Estados Unidos en Honduras mantiene como refugiados a la esposa e hijo menor de Zelaya, como también a Eduardo Maldonado, ex director de Radio Globo, un crítico de Micheletti. Esta estación sólo puede funcionar algunas horas del día, por orden del gobierno.

La asonada que sorprendió al mundo hace una semana y que rememora los peores episodios de golpes de Estado del último tercio del siglo XX, en realidad comenzó a gestarse desde 2005, cuando Zelaya fue elegido Presidente con la anuencia de Estados Unidos, que incluso lo proclamó antes de tiempo, según explicó a LND la presidenta del Comité de Familiares de Derechos Humanos de Honduras, Bertha Oliva. "Antes de tener el conteo más acabado de los votos, se presentó a las 12:15 minutos el embajador norteamericano Charles Ford a declarar victorioso a Manuel Zelaya. Entendemos que para la embajada, creían que él iba a ser más dócil que Porfirio Lobos", dice. Zelaya postuló por el Partido Liberal, cuyos líderes estuvieron involucrados, durante la década del 80, en violaciones de los derechos humanos y la desaparición de los opositores. Hasta noviembre pasado, el partido estaba dividido en siete facciones. Lobos, en tanto, era el candidato del Partido Nacional, de tendencia conservadora.

La dirigenta de los derechos humanos explicó que desde el momento de su proclamación, Zelaya comenzó a ser cuestionado en su gobierno, sobre todo porque él no viene de las grandes familias de Honduras, a los que ella llama "poderes fácticos", que han gobernado detrás de bambalinas en el país. "La clase política, dominante en este país, clasista, no lo aceptó en el gobierno. No le perdona que no sea de su clan, porque viene del área rural. Aunque su familia es adinerada, él es de origen provinciano. No pertenece a la oligarquía dura y ellos se dieron cuenta de que Zelaya no les estaba obedeciendo", explica.

A los pocos meses de iniciado su mandato, algunos colaboradores de Zeyala fueron acusados de corrupción, hechos profusamente difundidos por la prensa local, que es controlada por los grandes grupos económicos en Honduras. Estos actos corruptos han sido parte de las justificaciones para sacarlo del poder. Además, el depuesto Mandatario comenzó a implementar una serie de medidas que encontraron fuerte resistencia en la población, sobre todo en la clase dirigente: trató, sin resultado, de establecer una restricción vehicular; aumentar el salario mínimo, medida con la cual los empresarios presentaron ante la justicia 38 recursos de amparo, aduciendo que el plan significaba el desplome de la industria.

Pese a estos problemas internos, Zelaya era visto como un buen amigo de Estados Unidos y no representaba un obstáculo a la cooperación en materia de inversión, combate al narcotráfico y otras operaciones humanitarias, a diferencia de lo que estaba ocurriendo en Ecuador o Bolivia. De hecho, Zelaya no es visto por EEUU como un ideólogo izquierdista, sino como "un populista extremadamente nacionalista, que entendía que EEUU era un socio", como refiere una alta fuente de gobierno en Washington. Sin embargo, hace dos años Zelaya comenzó a abrirse hacia Venezuela, primero con un plan de cooperación económica para la obtención de petróleo a bajo precio. El acercamiento del Mandatario hondureño fue haciéndose más notorio, al punto que Chávez lo llama "comandante vaquero". Para la clase dirigente, la paciencia se fue agotando cuando Zelaya se unió en agosto pasado a la Alianza Bolivariana para la Solidaridad de los Pueblos de América (ALBA), que reúne a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Cuba y otras naciones caribeñas.

Las cosas empezaron a tensionarse aun más a principios de este año, con el proceso de nominación de magistrados para la Corte Suprema. Pese a que se había creado una comisión para nominar los cargos, Zelaya intentó colocar a sus propios magistrados, fuera de dicha comisión. El proyecto originó un escándalo político, e incluso el diputado del Partido Liberal Wenceslao Lara llegó a denunciar que el gobierno de Zelaya estaba "promoviendo un autogolpe" en caso de que no fueran elegidos los magistrados propuestos por el Ejecutivo.