Tal vez el tiempo transcurrido desde que sucedió el golpe de Estado en Chile haga que el país tome cierta distancia del que acabamos de vivir en Honduras. Hay similitudes y diferencias entre la intervención militar que sucedió en 1973 en nuestro país y ésta, de la que somos testigos ahora en el país centroamericano. Lo que está claro es que en ambos casos se terminó con el sistema democrático.
La estrategia operativa de las Fuerzas Armadas hondureñas no difiere demasiado de la que se intentó aplicar en Chile. En horas de la madrugada, el Ejército copa las calles y buscan al Presidente de la República para ponerlo en un avión y mandarlo fuera del país. Era la intención declarada en las conversaciones de los máximos jefes del golpe chileno que todo ciudadano relativamente bien informado ha escuchado. Ojo: en Chile el Presidente Allende también se disponía a anunciar la convocatoria a un acto electoral para resolver un conflicto institucional, como sucedía en Honduras.
Hoy, nadie podría acusar a Allende de algún grado de demencia, como se hace en Honduras con el
Presidente Zelaya. Sin embargo, los partidarios del golpe chileno también le atribuyeron al Mandatario chileno que muere en La Moneda delirios, aficiones al alcohol y otras infamias sobre su persona que quedaron registradas en diversos medios de comunicación.
En ese entonces, el drama de Chile era parte voluntaria o involuntaria de la guerra (no tan) fría que -se supone- ha quedado definitivamente atrás. En ese sentido, el escenario mundial en que nos encontramos es bastante distinto y se ha notado en las declaraciones de los estados. La condena unánime al golpe en Honduras de parte de la comunidad internacional deja una sensación esperanzadora. Pero, cuidado. ¿Serán suficientes las declaraciones para que Honduras vuelva a la democracia? Por supuesto que no.
Chile como país tiene una obligación moral de asumir una actitud activa de denuncia y de búsqueda de caminos de superación del quiebre de la democracia en Honduras. Sabemos muy bien cómo comienzan y terminan los golpes de Estado que siempre se presentan como la "inevitable" solución ante el quiebre institucional. Quienes apostaron en nuestro país por un rápido retorno de la democracia en 1973 se equivocaron. No nos podemos equivocar con el barniz civil que se le pretende dar al golpe en Honduras, a riesgo de facilitar la entronización de los militares que están en las calles, reprimiendo activamente.
Si bien la condena institucional chilena al golpe de Estado en Honduras ha sido unánime, los representantes de la Alianza, incluido su candidato presidencial, Sebastián Piñera, ya han deslizado frases que insinúan que "Zelaya se lo buscó", porque "provocó" a los militares. La doctrina democrática -que ellos relativizan con demasiada frecuencia- le da a las Fuerzas Armadas el monopolio de las armas con el exclusivo fin de actuar contra un enemigo externo: no para dirimir conflictos institucionales internos.
Los grandes medios de comunicación chilenos, aquellos que apoyaron el golpe militar en 1973, se han deshecho en eufemismos para caracterizar la situación de Honduras. Son los mismos que hasta hace muy poco hablaban de "pronunciamiento" para referirse a lo sucedido en 1973 y que hoy prefieren caratular la asonada militar hondureña como un "traspaso del poder al Congreso". Otros, a través de un tono docto, falsamente académico y despectivo, prefieren referirse a "una crisis institucional más de las inmaduras democracias centroamericanas".
Los demócratas no podemos dejar de estar alertas ante el derrocamiento de un Presidente constitucional, elegido por el voto popular, aunque en muchos aspectos no compartamos sus opciones políticas. A los chilenos nos debe enorgullecer la gestión activa y valiente del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, para reponer al Presidente Zelaya en Honduras.
No obstante, se requerirá en los próximos días de una actividad diplomática y política contundente para restablecer el derecho de los hondureños a decidir su destino. Este esfuerzo debe apuntar a que sean los propios connacionales de ese país que busquen la fórmula democrática para resolver sus diferencias. De otra manera, el continente arriesga la hipótesis de una confrontación armada interna en Honduras, que probablemente podría arrastrar a otros estados.
