
Martes 7 de julio de 2009
El golpe de Estado que tuvo lugar en Honduras en días recientes posee implicancias no sólo locales, sino para la consolidación de la democracia a nivel regional. Es cierto que la calidad de los procesos democráticos deja mucho que desear todavía en América Latina, pero por eso mismo hay "mínimos básicos" que cualquier país debe cumplir para ser aceptado por la comunidad de naciones democráticas del hemisferio. Uno de ellos, tal vez el más importante, es asegurar que las Fuerzas Armadas no intervengan en la política interna o en la resolución de disputas institucionales entre poderes del Estado en situaciones de crisis domésticas.
Ésta es la doctrina que impera en las democracias avanzadas de Occidente, y a ello se debe aspirar también, sin excepciones, en nuestra región, si queremos consolidar la democracia en el hemisferio. Y es que hay algunos sectores conservadores que señalan que lo sucedido en Honduras no sería un golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas no han tomado directamente el poder. Pero este enfoque es equivocado por dos razones: primero, porque los golpes hoy siempre tendrán esta característica, ya que los sectores militaristas han aprendido que la comunidad internacional no va a aceptar líderes en uniforme, y es necesario presentar una "fachada democrática" que oculte donde están los verdaderos resortes de poder.
Y, segundo, porque lo esencial en una democracia es evitar que los militares se transformen en actores políticos que resuelven crisis, y que toman partido por determinados sectores en detrimento de otros. Por eso hoy no caben ambigüedades ante lo sucedido en Honduras. En este país hay por cierto una grave crisis institucional. Pero avalar el derrocamiento de un Presidente por parte de instituciones armadas cuya esencia debe ser la prescindencia política, la no deliberación y la subordinación al poder civil, constituiría un grave retroceso en lo avanzado en estos años, y un peligroso precedente para el futuro. Así lo entendió, por ejemplo, el Presidente Barack Obama, que condenó sin ambigüedades este golpe, como también la comunidad internacional e interamericana, sin excepciones.
Consenso admirable cuando se piensa en experiencias del pasado, donde proliferaban golpes de Estado con la abierta instigación de Estados Unidos. Pero los tiempos han cambiado, y si la presión internacional se mantiene constante será difícil que el régimen de facto pueda subsistir y consolidarse. Quedará, sin embargo, como lección la necesidad a futuro de actuar de manera más preventiva ante crisis de este tipo (como lo hizo, por ejemplo, la Unasur en la pasada crisis de Bolivia, un ejercicio notable de concertación política que debió haber tenido más realce y reconocimiento público) así como mejorar los mecanismos institucionales para resolver crisis internas, y también los de mediación internacional cuando ellos sean requeridos.
Y es que América Latina vive momentos convulsionados, donde cambios en la correlación de fuerzas internas y la emergencia de proyectos refundacionales en diversos países han derivado en escenarios de polarización que auguran una difícil coexistencia regional en los próximos años. Pero las crisis de la democracia se resuelven con "más democracia", y no conculcando derechos o reviviendo prácticas de un oscuro pasado que no debe volver. El fin no justifica los medios. Los procedimientos en democracia no son algo accesorio, son la esencia de una convivencia civilizada. Por ello, la comunidad interamericana no debe cejar en la demanda de restitución de las legítimas autoridades que fueron desplazadas en este golpe de fuerza.