Ayer se logró uno de los objetivos prioritarios promovidos por gobiernos de la Concertación y distintas agrupaciones ligadas a la lucha por los derechos humanos. La promulgación de la adhesión de Chile al Estatuto de Roma que establece el funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI).
En una ceremonia en La Moneda, donde estaban representados todos los sectores políticos del país, así como personalidades y entidades ligadas a los derechos humanos, la Presidenta Michelle Bachelet puso la rúbrica que integra, finalmente, a Chile entre las naciones comprometidas con la CPI. La Mandataria manifestó que desde ese momento "Chile se une formalmente a la voluntad política universal de perseguir los crímenes de lesa humanidad de manera efectiva y eficiente, y eso implica reducir el espacio de la impunidad".
Enfática, indicó que esta decisión es parte de "la conciencia y la voluntad de los pueblos del mundo que se han unido para hacer efectiva la justicia, que reclaman la dignidad esencial del ser humano en todo tiempo y en todo lugar".
La promulgación de ayer deja atrás diez años de espera desde que Chile firmó el tratado hasta la ratificación por parte del Parlamento, en lo que era considerado por muchos sectores una deuda histórica del país. Por eso, la Mandataria recordó que al "reconocer oficialmente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, cumplimos un compromiso político internacional e incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico interno uno de los instrumentos internacionales más simbólicos y relevantes de los últimos años".
En un patio de Las Camelias copado de invitados, muchos de ellos pertenecientes al mundo de los derechos humanos, Bachelet valoró que finalmente todas las bancadas del Senado aprobaran el Estatuto.
Como un gesto a senadores de la Alianza que participaron en la aprobación, entre ellos Sergio Romero (RN) y Hernán Larraín (UDI), la Presidenta afirmó que "estamos construyendo colectivamente la historia y un futuro basado en una cultura de los derechos humanos, un pilar fundamental en una democracia que crece y se consolida".
El camino hacia la promulgación del Estatuto fue una constante de los gobiernos de la Concertación que la Mandataria valoró ayer, en especial por la firma inicial, en 1998, del ex Presidente Eduardo Frei y el "impulso con gran tesón" que le diera luego Ricardo Lagos.
Hasta ahora, Chile era el único país de de Sudamérica que no había ratificado el Estatuto y, al hacerlo, se suma a otros 108 países del globo que han adherido al tratado.
Con la ratificación, Chile adhiere a la corte y a la atribución de ésta para juzgar -aunque no de modo retroactivo-, el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, como la esclavitud, la tortura, la desaparición forzada de personas y el exterminio.
El aparato judicial es autónomo de cualquier instancia política y de Estado, incluso de las Naciones Unidas, y está integrado por jueces y fiscales cuya función es juzgar a individos, no gobiernos.
