El golpe en Honduras ha sido sancionado por la institucionalidad internacional. La Asamblea General de la ONU, la UE, la OEA, el Grupo de Río, Unasur y el Sistema de Integración Centroamericano han cerrado filas condenando el primer golpe militar que afecta a América Latina desde el fin de la guerra fría. Incluso el gobierno de Obama ha reaccionado de una forma inédita al patrocinar junto a sus tradicionales rivales Cuba, Venezuela y Siria la declaración de la ONU que sancionó de modo unánime el derrocamiento del Presidente Zelaya y pidió su restablecimiento en el cargo.
Lo único positivo en esta desgraciada coyuntura es haber revelado la densidad del compromiso con la gobernabilidad democrática y los derechos humanos. Hoy ningún gobierno está dispuesto a tolerar que elites empresariales, militares, políticas y religiosas secuestren a un Jefe de Estado en la madrugada y lo expulsen en pijamas. El mundo ya no soporta la suspensión arbitraria de las garantías constitucionales mediante el recurso a los estados de excepción, ni la censura masiva de los medios ni la salvaje represión a la sociedad civil organizada.
Sin embargo, ni su aislamiento externo ni la evidente ilegitimidad de su poder y de sus actos, ha impedido a la dictadura cívico-militar de Micheletti hacerse fuerte, destituir a las autoridades municipales que no son de su agrado, limitar las libertades públicas y cometer las más graves violaciones de los derechos humanos. Las ONG hondureñas ya han comenzado a recopilar los antecedentes que servirán en el futuro para documentar las atrocidades. Micheletti busca que el mundo se rinda ante la evidencia de unos hechos consumados, que aunque intolerables, deberán ser aceptados por la sencilla razón de ser un dato de realidad. Aguantando unos meses en la marginalidad internacional, pretenden a fines de este año un simulacro de elecciones que blanqueen el golpe y devuelvan a las elites el control sobre el Estado. Se reduce el imperio de la ley y la Constitución a un reglamento interno de gestión del directorio de un país-empresa.
Si este diseño se impone, la gravedad de este precedente será devastadora. Nos devolverá a un tiempo en que la legalidad, basada en el respeto absoluto a un mandato popular, cedió su lugar a una noción de la soberanía definida en los términos que Carl Schmitt usó para expresar la concepción nazi-fascista de la legitimidad: "Soberano es el que decide sobre el estado de excepción". El poder constituyente dejará de nacer de la ciudadanía y pasará a ser de quien sea capaz de coacción para imponer el orden que crea adecuado. El momento de la "decisión" se impondrá de facto por sobre la legalidad democrática y la dictadura no será sólo un hecho consumado, sino un dato incuestionable y legal. Si el poder legítimo logra nacer de quien lo imponga por la fuerza, no estaremos lejos de volver a experimentar nuevas formas de violencia política.
Para revertir este futuro es necesario que las autoridades no cedan en aspecto alguno ante la dictadura hondureña. Sólo la presión firme y constante, el aislamiento riguroso y el cerco legal y financiero pueden revertir la amenaza. Es imprescindible que operen sanciones penales contra los golpistas, que impidan que un hecho tan grave se pueda llegar a amnistiar. Si una camarilla es capaz de deponer a un Presidente con total impunidad en pleno siglo XXI, significa que la ciudadanía no cuenta con garantías mínimas de protección.
Es momento de ejercer la vigilancia ciudadana, que permita desenmascarar a quienes no adhieren de forma sustantiva al proyecto democrático, y legitiman el golpismo de forma soterrada. Es incomprensible que una organización que afirma defender la libertad de expresión como la Sociedad Interamericana de Prensa no se haya manifestado para denunciar la brutal vulneración al derecho a la información que afecta a los hondureños. Su silencio actual contrasta con el alarmismo que ha caracterizado su accionar en otros contextos y situaciones. Estas inconsistencias se deben identificar, porque procesos como el de Honduras operan como un crisol en que se revela el verdadero talante democrático de los líderes y de las instituciones.
