Bajo ningún pretexto, el Estado de Chile, sus instituciones y la propia ciudadanía podrían dejar de condenar el quiebre de la institucionalidad política en Honduras. Más allá del legítimo derecho de libre determinación que reclama el Presidente de facto, Roberto Micheletti, y de haber declarado las instituciones hondureñas que los hechos son jurídicamente legales, está el deber de la comunidad internacional de defender el imperio del sistema democrático.

La gran mayoría de los países de América Latina detenta sistemas democráticos relativamente jóvenes, que se han ido fortaleciendo con la convicción de que la participación ciudadana, a través de los partidos políticos y las instituciones del Estado, son la forma de avanzar en el propósito de alcanzar un desarrollo con estabilidad y paz social.

Como argumento para la acción armada, se dijo que Zelaya estaría acusado por la Corte Suprema, desde el 26 de junio, de delitos contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones, además de declarárselo mentalmente incapacitado para ejercer el cargo. En suma, el Mandatario habría cometido múltiples violaciones a la Constitución, en especial con su intento de llamar a consulta para modificar la carta fundamental, por lo que había razones para acusarlo constitucionalmente y deponerlo sin el uso de la fuerza.

Independientemente de las definiciones que den los actores involucrados -como el Congreso, la Corte Suprema o las Fuerzas Armadas- sobre los hechos ocurridos el domingo 28 de junio, o lo que haya tardado en reaccionar la comunidad internacional a la espera de mayores antecedentes, lo ocurrido no deja de ser un golpe de Estado, al haber intentado resolver por la fuerza la disputa sobre la legitimidad del referendo al que estaba convocando el Presidente Manuel Zelaya.

Honduras no es el único país que se ha enfrentado a una crisis como la que la aqueja en lo que va corrido de este siglo, pero la determinación de los gobernantes del continente para rechazar cualquier intento de uso de la fuerza para solucionar conflictos internos ha ayudado a disuadir eficazmente cualquier intento, como hace poco con el conflicto entre el Gobierno del Presidente Evo Morales y los departamentos separatistas de Bolivia.

Tal vez por la juventud de nuestras repúblicas, la democracia aún es un sistema a prueba. En el continente persiste la memoria de los caudillos que llevaron a los países a su independencia, y en el último tiempo han aparecido líderes de fuerte respaldo popular, como promesa de cumplir con demandas largamente esperadas. Como proceso interrumpido en la mayor parte del continente, la democracia no ha logrado satisfacer todas las expectativas de los pueblos, lo que genera terreno propicio para nuevos caudillismos.

Ya fracasó el primer intento por sentar a negociar una salida para la crisis hondureña entre el depuesto Mandatario y el gobernante de facto; ahora habrá que esperar a ver cómo se conducen las respectivas delegaciones negociadoras, para asegurar el imperio de la legalidad en la solución que se logre, para restituir orden institucional y revocar las medidas de aislamiento impuestas contra Honduras por la comunidad internacional, como su expulsión de la OEA.