La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España pidió al juez Baltasar Garzón que dicte una orden de detención internacional contra siete ex responsables de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su presunta participación en el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria.
El fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota hizo la solicitud a Garzón en un escrito en el que aprueba la admisión a trámite de una querella de la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex militares a los que relaciona con la muerte de Soria, ocurrida en 1976 en plena dictadura militar.
González Mota cree que, por el momento, la querella sólo debe ser admitida con respecto a siete de los querellados, entre los que destaca Manuel Contreras, ex director de la DINA, y al que el fiscal considera "la persona que indiciariamente ordenó el secuestro, detención y asesinato" de Soria.
El resto son ex integrantes de la brigada Mulchén de la DINA: el capitán Juan Delmas, el general retirado y ex secretario del Ejército chileno Jaime Enrique Lepe, Jorge Remigio Ríos y los coroneles Guillermo Salinas, Pablo Belber y René Patricio Guilof Palma.
El fiscal cree que hay indicios de la participación de estos en el asesinato de Soria y además no consta que se les haya procesado por estos hechos, por lo que pide a Garzón que lo haga.
Del resto de los querellados, entre los que figura el ex ministro de Defensa Hernán Julio Brady Roche, González Mota no aprecia suficientes pruebas, aunque no descarta actuar contra ellos si "apareciera acreditada" su intervención en el crimen.
"Los hechos referidos a la tortura y muerte" de Carmelo Soria, según recuerda González Mota en su escrito, forman parte del sumario en el que Garzón investiga posibles crímenes contra la humanidad en las dictaduras chilena y argentina.
En el auto de procesamiento dictado en 1998 contra responsables de la dictadura chilena, entre ellos el ya fallecido Augusto Pinochet, Garzón explicaba que el asesinato de Soria "forma parte de la agresión sistemática constitutiva de delito" y lo atribuía a los integrantes de la brigada Mulchén.
Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe (Cepal), fue asesinado por agentes de la DINA el 14 de julio de 1976 tras ser secuestrado.
En mayo de 2001, Garzón, quien en 1998 pidió la extradición de Pinochet, pidió la detención y dictó orden de extradición contra Brady Roche por estos hechos, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la resolución del magistrado, por lo que ésta quedó en suspenso hasta que el Tribunal Supremo se pronunció sobre este asunto.
El llamado "caso Soria", se resolvió en marzo de 2004 cuando el alto tribunal acordó que los tribunales españoles tenían jurisdicción para conocer de los hechos objeto de la querella interpuesta contra el ex ministro de Defensa y que derivó en la petición de Garzón de que fuera detenido y entregado a España.
En Chile, el proceso por el asesinato de Soria fue archivado en 1996 por aplicación de la ley de amnistía y fueron denegadas sucesivas demandas de reapertura, por lo que la familia llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este organismo recomendó a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del asesinato, dejar sin efecto la ley de amnistía de 1978 y el pago de una indemnización de 1,5 millones de dólares a la familia.
