La agenda de derechos humanos preocupa al Gobierno. Es que no sólo se vislumbra el debate y votación del proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, sino que el Ejecutivo también está a la espera de que el Senado informe el fallo en que declara como inconstitucional el rechazo de esa instancia al proyecto de ley sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas.
El asunto fue analizado ayer por representantes de la bancada de diputados del PS y el ministro de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, a quien pidieron gestionar la promulgación y publicación de la iniciativa.
Es que, explicó el presidente del comité, Marcelo Díaz, el TC "nos ha dado la razón, en el sentido de que el Senado debió haber aprobado el proyecto, ya que la única norma que requería quórum era el artículo 2, que fue rechazado. El resto fue aprobado y debe ser promulgado".
"Nos declaramos satisfechos, porque ésta es una legislación que viene a complementar de manera relevante el conjunto de disposiciones protectoras de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico", aseveró el legislador que estuvo acompañado por los diputados Isabel Allende, Denisse Pascal y Sergio Aguiló.
Agregó que "el Senado tiene que acatar el fallo del TC y para eso tiene que enviarle el proyecto, comunicarle al Ejecutivo que el proyecto ha sido aprobado, salvo el artículo 2º, que es lo que dice explícitamente el fallo del TC para que el gobierno proceda a promulgarlo y a publicarlo".
La interpretación del gobierno, afirmó Allende, es coincidente con la expuesta por los legisladores, razón por lo que Viera-Gallo habría expresado su voluntad de promulgar y publicar la iniciativa, que -en la práctica- busca regularizar la situación patrimonial de los parientes de detenidos desaparecidos para que éstos, luego de 30 años de desconocer el paradero de sus familiares, puedan administrar los bienes del hogar y disolver vínculos civiles.
Así, estos trámites se podrían realizar sin tener que reconocer la muerte de sus familiares antes de que la justicia aclare cuál fue su destino.
SEÑAL POLÍTICA
Aunque el 14 de julio se le quitó la urgencia, se prevé que mañana la sala de la Cámara de Diputados debata la creación del Instituto de Derechos Humanos.
Si bien la iniciativa ha recibido reparos desde el Alto Comisionado de la ONU para DDHH y del mundo de los derechos humanos al artículo que señala que el instituto podrá "deducir acciones legales ante los tribunales de justicia, en el ámbito de su competencia", en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos señalan que es imprescindible que se establezca claramente que el instituto podrá iniciar querellas y hacerse parte en juicios en marcha.
Esa posición es compartida por legisladores como los PS Marcelo Díaz y Sergio Aguiló o el PPD Ramón Farías.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Sergio Ojeda (DC), explicó que en esta etapa del trámite no se puede hacer indicaciones, por lo que la iniciativa se aprueba o se rechazada.
Consciente de que la decisión de La Moneda es la iniciativa se apruebe, Ojeda advirtió que es fundamental que el gobierno dé señales concretas de que perfeccionará la iniciativa a posteriori con un nuevo proyecto.
Ese análisis es el que hoy se realiza con el gobierno.
De lo contrario, existe la posibilidad de que la emblemática iniciativa no vea la luz.
