Con equipos técnicos para evaluar medidas en terreno, e investigaciones internas y a través de tribunales en el caso de exámenes extraviados, enfrentará desde este viernes el Gobierno la crisis ambiental en Arica por alta contaminación con plomo y arsénico reflotada esta semana.

El Ministro de Saud, Álvaro Erazo, informó que ante la polémica por los residuos tóxicos que se atribuyen a la empresa sueca Boliden Metal que afectan a las poblaciones de Cerro Chuño y Los Industriales se resolvió "el traslado de los equipos técnicos del Minsal y del Instituto de Salud Pública para iniciar los estudios".

Esta indagación incluirá análisis clínico a la población, para actualizar los iniciados en 2000, análisis de componente epidemiológico por plomo y arsénico en la población, y eventualmente seguimiento de los casos, con apoyo de toxicólogos, traumatólogos y neurólogos.

"Los resultados de este estudio ambiental serán comunicados a la población a través de las vías institucionales disponibles y de las organizaciones locales e incluirán tanto resultados positivos como negativos y serán informados en las mismas unidades que se usan para los estándares y normas internacionales", sostuvo.

Respecto de la pérdida de 5.000 exámenes de sangre tomados a afectados entre 2001 y 2005, indicó que "se ha ordenado por parte nuestra un sumario en el Servicio de Salud Arica, sin perjuicio de lo cual se iniciarán las acciones legales y penales correspondientes para identificar a los responsables de estos hechos".

Apuntó que la idea es "dilucidar si hubo acción intencional o finalmente negligencia" precisando que todas las medidas legales y funcionarias concluirán con las sanciones "penales o administrativas" que correspondan.

Sobre el origen de la contaminación, y a propósito de ese estudio, el Ministro Erazo dijo que se considerará que la emisión de los tóxicos comenzó en 1984 (en plena dictadura de Augusto Pinochet) cuando la empresa Propel "ingresó de manera fraudulenta y sin especificar su contenido tóxico".

En ese caso, enfatizó la autoridad, el responsable es el entonces director del Instituto de Salud Pública de Arica, coronel de Ejército Joaquín Larraín Gana, quien estableció que el material ingresado "no era tóxico y permitió el ingreso de estos residuos, determinando que no tenían riesgos para población. Eso es inaceptable".

Los senadores Guido Girardi (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS), anunciaron que junto a la Municipalidad de Arica presentarán una demanda contra el Estado sueco y la empresa de ese país Boliden Metal, porque, que según los parlamentarios, es la responsable de la crisis ambiental que sufre parte de la población de esa ciudad.