"Esta ley pone el marco para generar los cambios", con estas palabras la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley General de Educación (LGE) iniciativa que tras tres años de debate en el Congreso ve la luz.

La norma reemplaza a la controvertida Ley Orgánica Constitucional de Educación o LOCE que en el pasado fue clave en las protestas que realizaron los estudiantes secundarios.

La jefa de Estado aseguró que a partir de hoy "ya no va a ser posible que cualquier persona, sin ningún tipo de exigencia, pueda abrir un colegio y ningún niño o niña que curse educación parvularia o básica va a poder ser discriminado en ningún colegio que reciba financiamiento público".

Añadió que esta ley, "regula derechos y deberes  de los integrantes de la comunidad educativa, fija  los requisitos exigibles  en cada nivel educativo y además regula  el deber del Estado de velar por una educación de calidad".

A reglón seguido remarcó que  "necesitamos profundizar el debate nacional respecto del mejoramiento de la educación pública" y ello exige "hacer un trabajo más arduo, más fuerte y sustantivo para mejorar la calidad de la educación pública", lo que constituye  un asunto clave para la cohesión social. Por ello añadió  que  una educación pública "gratuita, humanista, laica, moderna y de calidad  que cuente con recursos financieros y educativos suficientes es sin duda esencial para poder construir un país más justo, igualitario y que además garantice libertades y derechos  fundamentales, como el acceso a la educación de calidad".

La LGE es considerada sólo una arista de la gran reforma educacional que impulsa el Ejecutivo, ya que para los próximos meses está pendiente la norma que establece el sistema de aseguramiento de calidad (en la cual se crea la superintendencia de educación y la agencia de calidad), mientras que la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública será un esfuerzo de largo aliento.

La nueva normativa reconoce, entre otros aspectos, la educación especial diferencial y la de adultos, así como la interculturalidad.

Uno de sus mayores cambios es que los sostenedores de los colegios tendrán más controles. Sólo podrán ser administradores quienes tengan, al menos, ocho semestres de educación superior. Con la LOCE sólo debían acr