El Congreso ha despachado -en un lapso relativamente breve- el proyecto de ley que establece un marco de financiamiento del transporte público en el país. Si bien el texto resuelve en lo principal la crisis de recursos que afecta a Transantiago desde su puesta en marcha en febrero de 2007, replica para regiones un monto similar de recursos ("efecto espejo"). La cifra global considerada en la inversión pública alcanza a los 3 mil 640 millones de dólares.

Alrededor de esta solución, que abarca el período 2010-2014 -momento en que se supone que el sistema de locomoción metropolitano alcanzará sustentación económica una vez que se resuelvan sus actuales distorsiones-, había consenso entre gobierno y oposición, lo que hacía previsible la aprobación. Lo sorpresivo resultó ser la división de la Alianza, que tanto por la vía de los votos -en el Senado-, como de la abstención o la ausencia -en la cámara baja-, facilitó que el Parlamento autorizara pagar con cargo al Tesoro Público la deuda que el Estado contrajo con Banco Estado y el BID. Este último préstamo fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional el año pasado tras un recurso interpuesto por la derecha.

La pérdida de mayoría que ha sufrido la Concertación en los últimos años constituyó el factor clave que obligó al Ejecutivo a desarrollar una extensa y a veces fatigosa negociación con la Alianza. Ésta, a su turno, ante la eventualidad de llegar al poder, optó finalmente por abandonar su estrategia de la obstrucción y se sumó a un pacto necesario para el país. De cualquier forma, y a pesar del oportunismo de Sebastián Piñera al anunciar por su cuenta el acuerdo político-técnico hace algunas semanas, el entendimiento constituye una noticia positiva para la ciudadanía.

Sin embargo, el entendimiento legislativo no debe oscurecer los graves errores en que incurrieron las administraciones de la Concertación tanto en el diseño como en la ejecución de Transantiago. Aunque sea inconducente la atribución mutua de mayores o menores responsabilidades en ambas fases, las fallas objetivas deben ser asumidas como autocrítica y lecciones que aprender ante futuras políticas públicas. En este plano, la gestión del ministro de Transportes, René Cortázar, ha apuntado en la dirección correcta, al impulsar relevantes reformas al plan. De hecho, las encuestas muestran que la percepción ciudadana es claramente más positiva, si bien hay aún grandes aspectos que mejorar.

Con todo, el proceso de financiamiento de Transantiago y su equivalente en regiones ha demostrado que el transporte masivo constituye un bien público que necesariamente demanda una política adecuadamente concebida de subsidios. Sólo a través de la participación del Estado, invocando su función redistributiva y de planificación, es posible dotar a las ciudades de sistemas de movilización colectiva eficientes, sobre todo en beneficio de los sectores populares, que son los que mayoritariamente utilizan esos medios.