Hasta enero de este año, el general Ricardo Ortega fue uno de los sujetos más poderosos del país.
Su cargo como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), organismo que maneja los asuntos más sensibles de la seguridad nacional, le valió el apodo de "el hombre de los secretos".
Desde una penumbrosa oficina en el Paseo Bulnes, monitoreó, con la ayuda de personal de la institución, el andar del proceso que busca establecer a los responsables del secuestro y desaparición de cinco jóvenes del FPMR, ocurrido en septiembre de 1987.
Su preocupación tiene asidero. Los testimonios de algunos ex agentes han revelado el rol que tuvo, con el grado de mayor, en las funciones represivas y de inteligencia vinculadas a la suerte de los frentistas.
Su retiro, oficializado en febrero, no lo ha apartado del seguimiento del caso. Ortega sigue muy pendiente, ahora como asesor del jefe de Estado Mayor y segundo hombre de la institución castrense, el general Alfredo Ewing.
Esta entidad es la que recibe más solicitudes de información por parte de los jueces que investigan violaciones de los derechos humanos, entre ellos el ministro Mario Carroza, a cargo del caso de los cinco desaparecidos hace casi 22 años.
Durante un tiempo, Ortega señaló que, siendo oficial de la DINE, estuvo un año destinado en la CNI. Sin embargo, en una de sus tres declaraciones como testigo, reconoció que su participación se extendió entre 1980 y 1983.
Además, agentes de la misma repartición lo han reconocido como el hombre que a finales de la dictadura se encargó de recibirlos en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), brazo operativo de la DINE.
El jueves, en el Hotel Militar, ubicado en Providencia, Ortega debió declarar "exhortado a decir verdad". El ministro Carroza lo interrogó por cuarta vez, pero en esta ocasión en calidad de inculpado.
La diligencia fue solicitada en conjunto por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y el abogado que representa a las víctimas, Nelson Caucoto.
LND intentó conversar con Ortega, pero abandonó rápidamente el recinto en su automóvil.
Conforme se materializó el retiro de Ortega del Ejército, las sospechas en su contra han ido creciendo. Tanto su subalterno de la época, el coronel (R) Marco Bustos, como su superior jerárquico, el comandante del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), general (R) Hugo Prado, se encuentran procesados por este crimen.
En el caso de Bustos, se estableció que mintió al señalar primero que había acudido al lugar donde permanecieron detenidos los miembros del FPMR (el cuartel Borgoño de la CNI) y luego negarlo.
En el caso de Prado, su responsabilidad es por la cadena de mando, ya que no podía menos que conocer la acción.
Hasta ahora, hay 27 procesados, entre miembros de la DINE y la CNI, quienes ordenaron, asesinaron y lanzaron los cuerpos al mar.
Entre ellos se cuenta al vicecomandante de la época Santiago Sinclair, ya que los antecedentes del proceso indican que la suerte de los jóvenes se habría decidido en reuniones del alto mando.
¿Por qué Ortega se ha librado de su presunta responsabilidad durante tantos años? Los abogados querellantes no lo entienden.
Por eso, pidieron que el general declarara en calidad de inculpado, paso previo a la solicitud de procesamiento que sería solicitada dentro de un corto plazo.
Fuentes conocedoras del proceso consideran que el material recopilado en la causa es más que suficiente para probar su responsabilidad.
LA RED DE PROTECCIÓN
A una semana del secuestro del coronel Carlos Carreño, el dispositivo de más de cinco mil agentes que se desplegó para encontrarlo no daba resultados.
Los negocios ilícitos de Pinochet y Famae con Irán estaban expuestos. Cuando los cinco militantes del FPMR fueron secuestrados, su primer destino fue el cuartel Borgoño de la CNI.
La participación de los agentes de esta repartición en el secuestro de Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas ya fue confesada por varios agentes.
Siendo Ortega jefe del G-4 (grupo de lucha antisubversiva en poblaciones), dependiente del BIE, uno de sus subalternos de la época, el procesado Marco Bustos, fue enviado a Borgoño para recabar información, por orden directa de Ortega.
Pero luego, en una segunda instancia, olvidó quién dio la orden y agregó que "sin perjuicio de ello, si la orden me la dio Ortega, fue por orden de Cerda (director de la DINE de la época)".
En el caso de Ortega, sus declaraciones son igualmente erráticas. En 2007, se acercó al tribunal voluntariamente para señalar que "no sería lógico que Cerda diera la orden directamente a Bustos, sino que tiene que haber sido a través mío. La investigación la llevó la CNI, ellos eran los expertos".
El 22 de enero de 2009 cambió su versión. "El comandante Cerda envió al teniente Bustos con un equipo al cuartel Borgoño y la finalidad fue siempre recabar información", dijo.
Agregó que Bustos "no disponía de los conocimientos ni los medios para interrogar a miembros del FPMR, ya que esta función específica era cumplida por agentes de la CNI".
También causa extrañeza un documento reservado que el Ejército envió el 4 de octubre de 2006 al ministro Carroza, sobre la cantidad de helicópteros Puma que había en Peldehue en 1987.
Esto, debido a que en el mismo proceso se ha acreditado que tras ser envenenados, los jóvenes fueron trasladados hasta la mencionada base militar, para luego lanzarlos al mar.
El documento adscrito por el jefe de Estado Mayor fue firmado por Ricardo Ortega, quien, en ese momento, subrogaba el cargo.
A pesar de que a esa fecha ya había declarado en calidad de testigo, no se inhabilitó de entregar datos sensibles al ministro instructor.
Algo similar sucedió el 8 de octubre de 2008, cuando el Estado Mayor envió un documento con carácter de reservado a Carroza. Nuevamente firmó Ortega como jefe subrogante de esa repartición.
Hasta ahora, la defensa del ex DINE y de varios de sus ex camaradas ha señalado que sólo tuvieron una participación tangencial en aspectos de inteligencia relacionados con los cinco frentistas.
ACUSADO
Varios testimonios derrumban esta versión. En 2007, Ortega declaró que sólo acudió una vez al cuartel Borgoño, específicamente por la detención de la vocera del FPMR, Karin Eitel.
En la misma ocasión, reconoció por primera vez que cumplió labores de inteligencia en esa acción.
Eitel fue detenida en noviembre de 1987, estuvo junto a los cinco frentistas y fue brutalmente torturada durante 34 días.
La agente de la CNI, Elizabeth Tello, declaró en octubre de 2008 que Ortega se encontraba dentro de los agentes de la DINE que habían acudido al cuartel en ese tiempo.
"Está el capitán Ortega, de los otros no tengo recuerdo. También se comentó que había personal de la Unidad Antiterrorista (CNI) y de la Brigada Rengo (encargada de la seguridad del cuartel Borgoño)", precisó.
Otro de los agentes de la CNI que participó en la detención de los cinco frentistas y Eitel, el inculpado Luis Arturo Sanhueza Ros, declaró este año que Ortega actuó operativamente en la detención de la mujer.
"Estaban el mayor Ortega y el comandante Julio Cerda, los que actuaron con capucha, situación que debe estar aclarada en la causa que en un principio siguió la Fiscalía Militar en contra de Eitel, Carlos Cancino y Max Trujillo", señaló.
No es el único frente de la investigación que ha echado por tierra tanto la versión de Ortega como la de sus subalternos del BIE.
Un grupo importante de ellos ha ido reconociendo que estuvieron en Borgoño varias veces, presencia que era negada hasta hace un tiempo.
Al parecer hubo dos grupos, uno comandado por Bustos, bajo el mando de Ortega, y otro liderado por Rafael Rojas Tapia, "El Piscola".
Los suboficiales Aníbal Llanquinao y José Granada admitieron su estadía en Borgoño por cerca de 20 días. Abelardo Reyes, también agente del BIE, declaró en julio de 2008 que acudió junto a Bustos en más de tres oportunidades en calidad de chofer, "cuando a él le faltaba gente de su equipo titular".
"Piscola" ha sido el más duro en los cuestionamientos al general Ortega. Rojas ha señalado que el G-4, a cargo de Ortega, estuvo en Borgoño durante el tiempo que los militantes del FPMR permanecieron detenidos.
Esta ratificación surge del interés de "El Piscola" por desmarcarse de los mandados por Ortega. En 2006 precisó que éstos llegaron antes que él, efectuando una coordinación "permanente".
A principios de este año fue más específico y agregó que él pertenecía "al grupo G-3, cuyo mando lo tenía un capitán que no recuerdo el nombre. El teniente Bustos pertenecía a la unidad G-4 y su comandante de unidad era el entonces mayor Ortega".
Secretos militares, negocios ilícitos de Pinochet y pugnas internas al interior de la Junta de Gobierno se han ventilado tratando de explicar las razones del secuestro del coronel Carlos Carreño.
Hoy comienza a quedar claro que el asesinato y la desaparición de los cinco jóvenes frentistas fue un crimen desesperado de una dictadura que agonizaba.
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