El gobierno británico estudia la posibilidad de restringir el acceso a internet a los usuarios que descarguen contenidos de la red de forma ilegal, la misma medida que Francia incluyó en su ley contra la piratería y que fue rechazada por inconstitucional.

El Ministerio de Empresa, Innovación y Cualificaciones, dirigido por Peter Mandelson, reveló ayer en un comunicado que está analizando cómo introducir algunas medidas técnicas encaminadas a luchar contra la piratería.

Entre ellas también se encuentra la de requerir a las compañías proveedoras de internet que faciliten los datos de aquellos usuarios que realicen descargas ilegales y se los entreguen a los propietarios de los derechos de autor, sin necesidad de que haya una decisión judicial de por medio.

Los planes gubernamentales pasan porque los proveedores de internet actúen contra los infractores, ya sea "bloqueando el acceso a webs de descarga, reduciendo la velocidad de la banda ancha o suspendiendo temporalmente su línea de internet".