El gobierno se mostró abierto a plantear una reforma constitucional que permita algún tipo de control migratorio en la Isla de Pascua, planteado por sus habitantes ante la creciente llegada de personas que se quedan a vivir en el lugar.

Así lo señaló el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, quien viajó esta semana a Rapa Nui para dialogar con los isleños, que hace un par de semanas ocuparon el aeropuerto para protestar por la situación y hacer oír sus demandas.

"Si lo que queremos es regular los derechos de permanencia y residencia en una parte del territorio nacional, eso requiere tener una autorización constitucional que hoy día no existe y si esa es la manera, nadie puede negarse a discutir una posibilidad como esa", dijo Rosende a Radio Cooperativa.

En Isla de Pascua viven actualmente más de 4.000 personas, de las que sólo la mitad son indígenas, los que están molestos por lo que consideran una invasión de "continentales" que se quedan a vivir en la isla.

A esa población deben sumarse más de 50.000 turistas que llegan cada año, atraídos por los misterios que guarda la isla, de sólo 163,6 kilómetros cuadrados y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La isla, a juicio del subsecretario Rosende, "requiere de una preocupación distinta y especial" de la que Chile ha tenido hasta ahora y eso, dijo, "es un trabajo de mediano plazo que tenemos que abordar, sin más plazos concretos que la urgencia de aplicarlos".

Rosende, que acordó con las organizaciones pascuenses trasladar sus inquietudes al gobierno central, subrayó que las condiciones de la isla, a nivel de servicios básicos, sanitarios y otros "son sumamente frágiles".

"Si la población sigue creciendo, ninguno de esos servicios va a ser capaz de sustentar la actividad del turismo y la cultura Rapa Nui", indicó el ministro.