Hay que estar muy absortos en los avatares del día a día, para creer que las declaraciones de un asesor, las réplicas de sus detractores y los atributos de los candidatos sean las cuestiones de fondo de la actual campaña presidencial. O que la reforma tributaria sea su principal disyuntiva. Es claro que no son estas cosas las que hacen la diferencia. Es probable que ni siquiera sean los programas de gobierno los que hagan la diferencia. Hace tiempo que la tensión crucial se viene jugando fuera del relato programático, esto es, en el plano estratégico, donde cobran relieve las verdaderas motivaciones y comportamientos de sus protagonistas.
La virulencia de la lucha política -inédita en la cultura cívica forjada durante la transición- es su signo más visible, si bien no el más importante. Se comprueba en el conflicto mapuche. Decir que en la Araucanía se ha quebrado el Estado de Derecho, no sólo minimiza, rebaja y banaliza la naturaleza del problema, sino que sirve para justificar el cumplimiento de la profecía que anuncia el fuerte recrudecimiento de la violencia en la zona, con trágicos saldos en vidas humanas.
El uso de las instituciones como armas de desestabilización política y del poder económico como instrumento de intervención electoral se han tornado procedimientos regulares de nuestra convivencia democrática. La forma en que se planificó y ejecutó la interpelación al ministro del Interior, buscando en todo momento exponerlo a la burla y al menosprecio, para en último término provocar su dimisión, obedece a la misma lógica desestabilizadora que han debido enfrentar otras autoridades democratacristianas, como la ministra Provoste y el intendente Huenchullán.
Es impactante ver cómo estas operaciones de descrédito, donde se exhiben debilidades y perversidades, falsas o ciertas, de personas, partidos e instituciones, con el propósito de corroer su reputación social, logran movilizar a los poderes públicos más allá de lo tolerable en un régimen de garantías y libertades. Y todo ello, sobre el fondo de ingentes recursos financieros desplegados sin control legal efectivo y en medio de una crisis económica. Se calcula en ¡27 mil millones de pesos! el gasto electoral de Sebastián Piñera en esta campaña.
Andrés Allamand ha dado el nombre de El Desalojo a este modelo ideológico y normativo. Ideológico, porque posee una intencionalidad estratégica que consiste en decretar la muerte política de su adversario. Y normativo, porque su motivación supone un "deber ser": expulsar del poder a quienes están llevando al país por el camino del cambio gradual, pero estructural.
El Desalojo es la clausura del diálogo. Su convicción moral es que la vía del entendimiento está agotada. La democracia de los acuerdos habría conducido sólo a sucesivas derrotas electorales, al tiempo que habría favorecido el avance sostenido de las reformas políticas, económicas y sociales que, venciendo las tutelas institucionales heredadas, prometen consolidar el nuevo curso tomado por el desarrollo nacional.
El Desalojo es la reacción atávica al progreso. Es la tendencia a la oligarquización, a la fusión corporativa del poder político y económico y, no obstante, émula y tributaria del orden portaliano. Éste que Gabriel Salazar ha llamado el Dorian Gray de la Patria, efigie apolínea, estandarte glorioso que no puede morir ni ser afeado, ni envejecer. Éste que, transmutado en desalojo, no quiere asumir su esclerotización y muerte. //LND
