Un suspiro de alivio lanzaron los familiares de los dos universitarios detenidos por el ataque anarquista al cuartel de la PDI en Providencia, cuando el tribunal rechazó la prisión preventiva para ambos. I

ncluso, alguien salió a avisar a los que no pudieron entrar a la audiencia y se escucharon gritos de satisfacción y aplausos. Pero la alegría les duró poco.

Pablo Alonso Carvajal Aracena (19) y Matías Josué Castro Aguilera (20), alumnos de Derecho y Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, respectivamente, seguirán detenidos hasta que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva, hoy o mañana, si proceden las medidas cautelares que ayer decretó la magistrada Marcela Figueroa, titular del 8º Juzgado de Garantía de la capital. Estas medidas son arresto domiciliario nocturno (de 22 a 6 horas) y arraigo nacional para los dos jóvenes.

La jueza no dio por probado el delito de homicidio frustrado del subinspector Israel Andrade Oporto (29) como pretendían la Fiscalía Oriente y la PDI, que se hizo parte a través de una querella.

En cambio, la magistrada acreditó lesiones menos graves en la persona del detective, junto con los ilícitos de porte de bombas incendiarias y, sólo en el caso de Castro, porte de arma de fuego.

Las penas asociadas a esos delitos permiten que ambos imputados esperen el juicio oral en libertad, pero el fiscal Marco Antonio Paredes apeló de inmediato, por lo cual Carvajal y Castro permanecerán "en tránsito" en el penal de Santiago 1.

La Corte de Apelaciones podría revocar la decisión de la magistrada y decretar prisión preventiva, como ocurrió con el guardia Christian Sorensen.

En el tribunal de alzada, el Ministerio Público insistirá en la tesis del homicidio frustrado, porque en el ataque contra el detective Andrade "hubo ánimo de matar", según el fiscal Paredes.

En cambio, para la jueza y el abogado defensor de los dos imputados, Rodrigo Román, con los antecedentes reunidos hasta ahora, no se puede probar esa intención.

Esos antecedentes son las lesiones que sufrió el subinspector Andrade (TEC cerrado y contusión dental con pérdida de cuatro piezas, entre las más graves) y los testimonios de tres guardias de seguridad de la universidad, E.A.V.G., J.P.M.A. y C.R.S.U.

CASTRO HABRÍA DISPARADO

Dos de ellos reconocieron a Carvajal y Castro entre los sujetos que golpearon al detective y lanzaron bombas molotov al cuartel de la Brigada de Homicidios.

Uno de estos dos guardias también vio a Castro disparar con una pistola en contra de esa unidad de la PDI. El tercer vigilante ayudó en la identificación de los jóvenes en las fichas de la universidad.

El fiscal Paredes relató que los guardias ubican a los dos imputados, porque participan en actividades anarquistas y son sospechosos de robar los extintores del recinto universitario.

En los allanamientos a las viviendas de Carvajal y Castro y en los peritajes a sus computadores se encontraron instructivos para confeccionar bombas caseras y literatura anarquista. Ambos no registran condenas, pero sí detenciones por desórdenes.

QUERELLA DE GOBIERNO

Por su parte, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, anunció que el gobierno se querellará contra todos los responsables del ataque al cuartel de la PDI por desórdenes públicos, uso de armas de fuego, daño y lesiones.

Sin embargo, Rosende advirtió que no se aplicará la Ley Antiterrorista.