Responsabilidad por el colapso de edificios

Por ser Chile un país sísmico, sus construcciones se deben enmarcar en exigentes normativas en materia estructural.

El terremoto de marzo de 1985 nos enseñó que con los cálculos y con el tipo de materiales que se utilizan para edificar no se juega.

Esto, en rigor, no ha sido entendido todavía por algunas inmobiliarias que privilegian sólo los márgenes de utilidad en sus negocios.

Ahora bien, el nuevo embate de la naturaleza que nos asoló en la madrugada del sábado 27 de febrero produjo daños de enorme consideración, muchos irreparables, y gracias a la televisión pudimos observar cómo algunos edificios recién construidos en Santiago, Concepción y Valparaíso sufrieron deterioros estructurales, cuyo compromiso hace imposible su reparación: necesariamente se tendrán que demoler.

El reciente terremoto y su consiguiente no anunciado maremoto produjeron centenas de invaluables pérdidas humanas y unos 25 mil millones de dólares en menoscabos materiales.

En nuestra opinión, el descalabro se produjo por fallas en los diseños, en la ingeniería y en la construcción de los proyectos de uso público y privado, y en algunos casos de edificios habitacionales además por deficientes estudios de mecánica de suelo.

Desde hace muchos años en esta tribuna y en otros medios hemos venido denunciando que el Estado chileno ha abdicado de su rol fiscalizador en materia de construcción, porque sus altos funcionarios han supuesto que el sector privado se tiene que hacer responsable de sus actos y es así: la ley dice que el primer vendedor, inmobiliaria o constructora, debe garantizar por diez años la edificación que ha vendido.

Los ingenieros de cálculo de estructuras en general hacen bien su cometido, sobre todo cuando se trata de edificios corporativos, pero en los casos de edificios de departamentos que se venden a terceros, no siempre proceden con rigurosidad profesional.

Hay algunos chambones que, utilizando programas computacionales de dudosa calidad, firman los planos, que no son revisados por las direcciones de Obras Municipales, y los titulares de los proyectos para abaratar costos construyen con materiales no aptos para soportar las pesadas estructuras.

Hoy en día las municipalidades no constatan que la calidad informada de la obra sea la misma.

Por ello pasó lo que todos sabemos y, en tal sentido, en la práctica, ni los arquitectos proyectistas, ingenieros calculistas, arquitectos revisores independientes, constructores, jefes de obras, ni inspectores técnicos que tienen por obligación certificar que la construcción se hiciera de la manera correcta, tienen mayores responsabilidades en el desastre.

El único responsable final es el llamado primer vendedor, es decir, la persona jurídica que hizo el negocio que le reportó ingentes utilidades.

No conocemos los porcentajes de gente que ha comprado sus viviendas al contado, pero suponemos que son los menos. La mayoría ha tenido que recurrir al sistema bancario para solicitar un crédito hipotecario, cuyo plazo llega en ocasiones a los 30 años si los clientes son jóvenes.

En los dividendos se considera el ítem correspondiente a un seguro de desgravamen y a un seguro de incendio con un adicional contra sismos.

No todas las pólizas contemplan este último seguro, el cual, en todo caso, de existir, tiene matices que deben ser analizados por los asegurados con sus abogados, ya que sabemos cómo proceden esas empresas con sus clientes.

De acuerdo con cifras publicadas en la prensa, sólo 34% de las viviendas aseguradas contra incendio tiene el adicional anti-telúrico.

Por lo informado anteriormente, y en aras de la denominada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), esperamos que todas las inmobiliarias que vendieron departamentos que no cumplieron con su cometido, reconozcan sus garrafales errores y devuelvan el dinero a quienes, obnubilados con sus folletos promocionales, creyeron en las bondades de sus inmuebles.

Sería de muy mal gusto que tales actores comerciales no asuman sus responsabilidades pecuniarias y que esperen ser demandados judicialmente por sus clientes.

Sabemos que al sector privado de la construcción no le gusta que el Estado cumpla con sus atribuciones en resguardo del interés público y es más, se caracteriza por ser un impenitente pedigüeño de franquicias y beneficios tributarios.

Y al necesario control, con desprecio, le llaman burocracia que entorpece el crecimiento económico y la absorción de mano de obra…

En todo caso, y por transparencia, es necesario que la opinión pública conozca los nombres de las inmobiliarias que tendrán que asumir sus responsabilidades por construir mal y en tal sentido, como la Cámara de la Construcción y las municipalidades, cautelando los bastardos intereses de aquéllas, mantendrán un mutismo absoluto, le exigimos al Ministerio de la Vivienda (Minvu) que en los próximos días entregue una lista de las mismas, indicando los nombres de sus socios, para que exista una sanción moral en contra de éstos.