Acompañados de un grupo de funcionarios públicos que con batucadas, banderas y consignas esperaron fuera del ministerio de Hacienda, los dirigentes de la mesa del sector público llegaron hasta la sede de la cartera para presentar formalmente a las autoridades de Gobierno su petición de un reajuste salarial de 9,8% para el 2012.

La comitiva de trabajadores fue encabezada por Arturo Martínez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y coordinador de las 14 organizaciones fiscales en esta negociación.

La contraparte del Ejecutivo estuvo representada por los ministros de  Hacienda, Felipe Larraín, y de Trabajo, Evelyn Matthei, junto a los subsecretarios de ambas carteras, Julio Dittborn, y Bruno Baranda, respectivamente.

La cita se extendió por cerca de una hora y media en la sala de la Biblioteca de Hacienda. La próxima semana está programada una nueva reunión, concretamente el viernes 11 de noviembre, en la que se espera que el Gobierno ya ponga sobre la mesa un guarismo para empezar a negociar.

Antes de la reunión, el ministro de Hacienda dijo que el Gobierno llega con la "mejor disposición" para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, recordó que la tónica todos los años es que se llegue al Congreso sin un consenso en torno a la cifra de reajuste y ésta se incremente en la tramitación legislativa.

Por el lado de los trabajadores, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, argumentó que la petición de un reajuste cercano a los 2 dígitos es justa,  considerando las cifras macroeconómicas que exhibe el país.

PETITORIO

El pliego de la mesa del sector público contiene otras demandas al Gobierno, más allá de la cifra de incremento remuneracional. Temas relacionados con la estabilidad laboral, la regularización de los honorarios, el incentivo al retiro y nivelación de los funcionarios de las zonas extremas, también formarán parte de la negociación con Hacienda y Trabajo.

El petitorio contempla además demandas por igualdad de oportunidades y cuidado infantil, acoso laboral y prácticas antisindicales, acoso sexual y aclaraciones sobre la nueva ley de posnatal que -a juicio de los funcionarios- no están del todo zanjadas.