Hasta Teatinos 56 llegó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Luis Mayol, para interponer ante el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, un reclamo de ilegalidad en contra de la Dirección General de Aguas (DGA) debido a una resolución adoptada por el ente estatal que, según el gremio, exige la renuncia de derechos de aguas a agricultores de la zona centro norte del país.

El requerimiento busca revertir las acciones confiscatorias emprendidas por la DGA, que obliga a los agricultores que deseen trasladar sus derechos de aprovechamiento de aguas a renunciar al 80% del caudal de los acuíferos (depósitos subterráneos de agua).

Lo que según la SNA "está causando un daño enorme a vastos proyectos agrícolas en la zona, ya que los agricultores no pueden trasladar sus derechos de aguas", aseguró su presidente Luis Mayol.

Según la asociación que aglutina a empresarios agrícolas, esta exigencia es ilegal, ya que "se funda en una resolución interna de la Dirección General de Aguas y no de acuerdo a modificaciones del Código de Aguas", aseguró el fiscal de la SNA Eduardo Riesco.

La medida confiscatoria ha afectado a agricultores de Rapel, Melipilla, La Ligua, Illapel, Huasco y Copiapó, quienes han presentado recursos de manera individual sin obtener respuestas satisfactorias y según la SNA son miles las hectáreas afectadas.