Ayer en un punto de prensa conjunto en el Patio de Los Naranjos de La Moneda, los ministros Andrés Allamand y Felipe Larraín, oficializaron el traspaso de la administración de los fondos de la Ley Reservada del Cobre desde el Consejo Superior de Defensa Nacional (Consudena) al Ministerio de Hacienda.

Si bien esta reforma se enmarca dentro del proceso de modernización del Estado que impulsa el Ejecutivo, de hecho buena parte de la preparación de esta iniciativa se hizo con Jaime Ravinet aún a la cabeza de Defensa, también lo hace dentro de la línea de transparencia que el ex senador ha querido imprimirle a su gestión tras las duras críticas a las FF.AA surgidas en las últimas semanas.

Tarea que el nuevo ministro -uno de los principales objetivos que le planteó Piñera tras hacerse cargo del ministerio- ha tratado de implementar a través de cuatro ejes, que al interior de la secretaría de Estado bautizaron como "la doctrina Allamand".

Si bien estas líneas de trabajo ya han sido expuestas de manera constante en los últimos días, en especial tras el consejo de gabinete del viernes pasado en Cerro Castillo, se espera seguir insistiendo en ellas para hacer frente a las consecuencias que eventualmente se podrían desprender del informe que hoy la Contraloría dará a conocer sobre la adquisición de un puente mecano para la Región del Biobío, fuertemente cuestionada.

En lo concreto esta "doctrina" se basa en:

1.- La Proactividad de las FF.AA frente a toda denuncia por irregularidades. De ahí el sumario administrativo que el ministerio abrió el lunes por la compra del viaducto que se instala para unir San Pedro con Concepción, investigado por Contraloría.

Asegurando una total independencia en la investigación, dicen en el edificio de Villavicencio 364, Allamand la puso a cargo de un alto oficial de la Fuerza Aérea -el general de Aviación César Mac-Namara, subjefe del Estado Mayor Conjunto- y no del Ejército que fue el responsable de esa negociación.

2.- Rapidez en la entrega de estas investigaciones internas. Máximo 20 días (prorrogables).

3.- Que los comandantes en jefe de las FF.AA apliquen todas las medidas administrativas que cumplan con este objetivo de mayor transparencia. En esa línea fue bien vista en Defensa la decisión del comandante en Jefe del Ejército, general Juan Miguel Fuente-Alba, de separar al coronel Juan Luis Martin, de su cargo al frente de Adquisiciones del Comando de Infraestructura Nacional y reemplazarlo con un oficial con el grado de general, elevando la importancia del cargo. Martin era el encargado de la compra de la casa para el Jefe del Estado Mayor Conjunto, criticada por su alto valor (US$ 1 millón).

4.- Existencia de un "catastro" en orden a establecer cuántas auditorías, investigaciones y sumarios se encuentran vigentes al interior de las tres ramas de las FF.AA, sobre todo en materias de adquisiciones y probidad. Allamand dio plazo hasta este viernes para tener lista la información. También se espera tener claro cuántas peticiones de información existen para el área de Defensa, de parte de la Cámara de Diputados y del Consejo para la Transparencia.

En este contexto, sin embargo, por el momento no habrá una postura oficial del ministro Allamand sobre el proyecto que el gobierno estaba preparando para reformar la Ley Reservada del Cobre.

Esto, explican en Defensa, por las divergencias que existen en torno a la iniciativa al interior del gobierno (sobre todo con Hacienda) y por el receso parlamentario que se inicia en febrero. La Ley, en los últimos días ha sido objeto fuertes críticas por parte de parlamentarios y del Consejo para la Transparencia. De hecho, hoy el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Alta, el senador DC Patricio Walker, se reunirá con Allamand para solicitarle que el Ejecutivo envíe un proyecto para derogarla.