Tras más de 20 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó este martes la acusación constitucional contra el Presidente Piñera. Esta fue presentada por la vinculación del Mandatario según la investigación internacional “Pandora Papers”, en la compraventa de Minera Dominga en 2010, en Islas Vírgenes Británicas.

El libelo pasó al Senado con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones. 

La sesión comenzó pasada las 10 horas del lunes, con la intervención del diputado Jaime Naranjo (PS), que preparó un discurso de 1.300 páginas para defender el libelo. El parlamentario tuvo la misión de extender su exposición hasta más allá de la medianoche con el objetivo de permitir que durante la madrugada llegara el diputado Giorgio Jackson (RD), que debía finalizar su cuarentena por ser contacto estrecho del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien se contagió de Covid-19.

Después de más de 15 horas de intervención, Naranjo finalizó su defensa a las 1:27 de la madrugada tras la llegada a la Sala de Jackson.

Posteriormente correspondió la intervención al abogado representante del mandatario, Jorge Gálvez, que habló por más de 5 horas entregando sus argumentos y calificando las pruebas de la acusación constitucional como falsas.

Tras finalizar Gálvez, la oposición decidió no usar su derecho a dúplica y comenzó la intervención de las bancadas de los partidos. Mientras los parlamentarios oficialistas criticaron el “espectáculo” que presenciaron en la Sala y la calificaron de “vergüenza”, los del bloque opositor felicitaron a Naranjo.

Luego de ser aprobada la acusación constitucional, el libelo pasa al Senado tras la designación de una comisión de tres diputados que lo defenderá.

Tras la notificación a la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, se establecerá un plazo de entre cuatro y seis días para fijar la votación. La acusación requiere de dos tercios de los senadores en ejercicio para recibir luz verde. De ser así, Sebastián Piñera quedará destituido de su cargo y no podría ejercer ninguna función pública en cinco años.