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Unesco: Sistema educativo chileno fomenta la desigualdad

Unesco: Sistema educativo chileno fomenta la desigualdad

Una evaluación profunda de la entidad reveló varias deficiencias que tiene la actual estructura educativa, que son las que han generado la movilización estudiantil por más de siete meses. La principal de ellas, un acuerdo suscrito por el país que exige llegar a la gratuidad de la enseñanza.

Lunes 5 de diciembre de 2011| por EFE

El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad y la exclusión, según un informe difundido este lunes por la Unesco en Santiago.

El estudio, a cargo de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la organización, analiza la disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad de la estructura educativa y lo compara con las legislaciones educativas de Argentina, Uruguay y Finlandia.

Entre los retos más significativos para Chile, el informe destaca la “debilidad” que enfrenta la legislación del país para hacer frente a la desigualdad.

“El sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismo selectivos”, critica el informe, liderado por el ex relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz.

“No hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización”, añade el estudio, pese a que –precisa- que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes.

Según la Unesco, el sistema de becas y subvenciones del sistema educativo de Chile “protege y beneficia a la iniciativa privada”, lo que excluye la interpretación del concepto de educación entendida como bien público.

Lo contrario - añade el texto- ocurre en las legislaciones de Argentina y Uruguay, que resultan “muy explícitas” a la hora de restringir cualquier posibilidad de mercantilización de la educación, o de la finlandesa, que otorga garantías de oportunidades, señaló la Unesco.

Otra de las conclusiones que formula la entidad es que en Chile “la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho”.

El estudio recuerda que Chile ha firmado tratados internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo obliga en su artículo segundo a tomar medidas “inmediatas y no postergables” para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria.

De hecho, ésta ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil chileno, que desde hace siete meses se mantiene movilizado en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad.

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó la partida de Educación, con los votos a favor de los diputados oficialistas y de parlamentarios independientes, mientras que la opositora Concertación y el Partido Comunista votaron en contra.

La propuesta del Gobierno destinará el 2012 a Educación US$ 11.000 millones, un 7,2% más que en el presupuesto de 2011.

La oposición consideró insuficiente la oferta del Ejecutivo y le exigió que inyectara US$ 1.000 millones más para así garantizar la gratuidad de la enseñanza universitaria al 70% de los alumnos más pobres, una fórmula con la que pretendía acercarse a las demandas de los estudiantes.

Los líderes estudiantiles, en tanto, calificaron el acuerdo presupuestario de “estafa”, mientras el Gobierno ensalzó la “gran reforma educacional” chilena que permitirá la aprobación del presupuesto.

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