Una carta de rechazo al proyecto que fortalece el resguardo del orden público, conocida como “ley antitomas" o "ley Hinzpeter”, entregaron en el Congreso dirigentes estudiantiles de la Confech y del pueblo mapuche, llamando a los parlamentarios a no dar su respaldo a la iniciativa que quedó pendiente para marzo en su votación particular en la comisión de Seguridad Ciudadana.

Los dirigentes sociales hicieron la entrega en Valparaíso, a nombre de 81 organizaciones sociales que se oponen a la idea de penalizar las tomas, tal como se propone crear el delito de saqueo. Las organizaciones entregaron antes  también una carta en La Moneda.

El presidente de la FECH, Gabriel Boric, criticó la norma como “un retroceso autoritario inaceptable, que está limitando la libertad de expresión no solo de los estudiantes, sino que afecta a toda la ciudadanía, que busca criminalizar la protesta social”.

Recalcó que “cuando nosotros queremos discutir sobre los temas de fondo, hablar sobre educación, el gobierno envía estos voladores de luces para desviar el debate de los temas importantes”, subrayando que el ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter “le está haciendo un flaco favor a este país, puesto que solo ayuda a polarizar más la situación”.  

El presidente de la FEUC, Noam Titelman, apuntó que “esta ley huele a dictadura, huele a opresión, huele a represión”.

A juicio de José Ancalao, vocero de la Federación Mapuche de Estudiantes, “esta ley es una piedra en el zapato, porque al parecer el gobierno quiere dialogar con los estudiantes en la cárcel”.

Recalcó que el proyecto en debate “sólo representa y está a la altura de la inteligencia de este gobierno, que apaga los incendios con bencina, que quiere solucionar los problemas sociales con más carabineros en la calles, con los estudiantes y la ciudadanía en la cárcel”.