Durante julio, la Región de Valparaíso mantuvo varias comunas en cuarentena. Si bien el Gobierno determinó que San Antonio y San Felipe pasaran a la fase 2 de Transición, entraron en cuarentena las de La Calera y La Cruz. Además, se ha mantenido los confinamientos en Valparaíso, Viña del Mar, Quillota y Los Andes.

En este escenario, la Fiscalía Regional de Valparaíso informó que se ha visto un incremento importante en el número de personas que incumplen las restricciones, tanto en las zonas en cuarentena, como en general en relación al toque de queda.

Durante junio, 3.250 personas quedaron apercibidas por no cumplir con esta medida, iniciándose en contra de cada una de ellas un proceso penal. Esta cifra aumentó en julio a 4.622 personas, principalmente en las comunas de Viña del Mar y Valparaíso.

Sin embargo, lo que más preocupa a la fiscalía regional es el aumentó explosivo que tuvo la reincidencia en julio, superando el 500% en comparación a junio.

De 172 personas formalizadas por incurrir de manera reiterada en el delito del artículo 318 del Código Penal el mes pasado, en julio esta cifra alcanzó las 903 personas. Entre ellas, se cuentan incluso incumplimientos de hasta 10 oportunidades. A muchos de estos infractores reiterados se impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total.

En relación a los delitos cometidos en toque de queda también se ha experimentado un alza en relación al mes anterior. De 414 personas que fueron formalizadas por distintos delitos, además del artículo 318, en el mes de julio se llegó a 1263.

Además volvió a presentarse un delito que estaba ausente desde el inicio de la pandemia que eran los relacionados con desórdenes públicos o barricadas y que este mes presentó 24 casos, la mayoría de ellos ocurridos en zonas de cuarentena o en horario de toque de queda, por ello el Ministerio Público imputó ambos delitos.

Asimismo, comienza a aparecer como infracción asociada al incumplimiento de las restricciones sanitarias, el delito de falsificación de instrumento público, cometido por personas que adulteran el contenido de permisos sanitarios de desplazamiento o salvoconductos. Algunos de estos últimos imputados han quedado en prisión preventiva.