A pocos días de que comience el evento deportivo Fórmula E en Santiago (3 de febrero), organizaciones y agrupaciones ciudadanas del Parque Forestal y Barrio Lastarria, presentaron un recurso de amparo y de protección en contra de la Intendencia Metropolitana.
Triunfo conversó en exclusiva con el abogado defensor de la causa, Félix Avilés, quien explicó las diversas aristas que tienen las demandas ciudadanas -desde la vulneración de derechos, hasta el impacto ecológico del evento automovilístico- y criticó a las autoridades que aprobaron la ejecución de la carrera.
El profesional señaló, en primera instancia, que la calle Santiago Bueras ha sido uno de los sectores más afectados, debido a que los residentes del lugar no pueden ejercer su derecho de libre tránsito.
“Si alguna persona requiriera una atención de salud de urgencia, lo que va a suceder ahí es que no va a poder acceder a ciertos espacios para poder salir. Incluso si viniera una ambulancia, tampoco va a poder saltar esas tremendas barreras y, por tanto, existe un riesgo claro e inminente de peligro de vida. Por lo mismo, hay dos garantías constitucionales que se ven vulneradas o que se verán vulneradas, como son el libre tránsito y la seguridad de los ciudadanos”, expresó Avilés.
A ello agregó que “muchas personas han sufrido alteración en sus vidas. Por ejemplo, las máquinas trabajaron todo el primer período en la noche. Hay fotografías y pruebas de ello por parte de los mismos vecinos”.
“Interpusimos este recurso de protección porque la actividad vulnera garantías constitucionales, y además no considera que el lugar donde quieren desarrollar la Fórmula E ha sido declarado por el mismo Estado chileno en el año 97 como “zona típica”. Y lo contradictorio y curioso es que el mismo Estado que declara esto es el que termina autorizando la actividad, sin siquiera preguntarse si es que esto responde a un protocolo de cuidado acorde a la situación”, profundizó el abogado.
Otro aspecto en que Avilés hizo hincapié fue la función del Gobierno a la hora de realizar la carrera.
“Tenemos aquí la aplicación de una política que en connivencia con una empresa que es privada, no resguarda los derechos y el patrimonio natural que es de todos los chilenos. El Gobierno de Chile puso una cifra cercana a los dos mil millones de pesos supuestamente en razón de regular las condiciones en que se ejecutará la organización. Es decir, puso plata para que se haga algo en un lugar que está declarado zona típica para resguardar las condiciones no del derecho de los vecinos ni la zona, sino que en razón de los objetivos y la empresa que trae la actividad. Entonces veo una contradicción importante”, remarcó.
De igual modo, el abogado enfatizó que el objetivo de las medidas judiciales que están realizando es “parar este evento, que no se haga aquí. En razón de que se vulneran derechos y que se hace mal uso de una zona típica, exigimos que no se haga en este lugar”.
Eso sí, aclaró que “no estamos pidiendo que no se haga el evento, no desconocemos la importancia que pueda tener la electromovilidad, no va por ahí el tema. Lo que ocurre es que el efecto que produce la instalación de cientos de miles de personas por esta actividad es un peligro importante, porque la estructura del suelo y la conformación de las raíces de la foresta no permiten que exista ese tipo de peso y volumen. Ya con las instalaciones que tienen, son cientos de toneladas que ya está soportando el lugar, y si se le agrega el volumen de gente entonces el daño será tremendo para la naturaleza del parque”.
Además Avilés manifestó su crítica respecto del actuar de la principal autoridad de la comuna de Santiago, el alcalde Felipe Alessandri.
“Aunque el alcalde de Santiago señale malamente y mentirosamente que habrá algunas acciones compensatorias, incluso hablando de plata que le van a dar al Municipio de Santiago, estas no serán reparatorias del daño que se va a hacer y se está haciendo a la naturaleza del Parque”, puntualizó.
“Esta misma actividad hecha en los países europeos ha tenido, por diversos temas, cosas negativas y ha terminado por suspenderse. No obstante, aquí ni el alcalde de Santiago, ni el Intendente, ni la Subsecretaría de Energía, fueron capaces de evaluar cuál era el efecto que iba a producir, ni mirar las experiencias que había afuera. Mas en su momento el propio Consejo de Monumentos autorizó retirar los adoquines de las calles, y que cuatro años después se repondría. Incluso se autorizó esa destrucción, y eso hace sólo un par de meses”, agregó el defensor.
Por último, dijo que aún hay tiempo para detener el evento, y que con los recursos presentados “se solicitó orden de no innovar, es decir que la Corte diga que esto se para hasta que no haya una resolución. De los tres ministros que conocieron el recurso de protección, o que están conociéndolo, uno de ellos aceptó la orden de no innovar, lo cual nos da muy buena expectación”.
Triunfo conversó en exclusiva con el abogado defensor de la causa, Félix Avilés, quien explicó las diversas aristas que tienen las demandas ciudadanas -desde la vulneración de derechos, hasta el impacto ecológico del evento automovilístico- y criticó a las autoridades que aprobaron la ejecución de la carrera.
El profesional señaló, en primera instancia, que la calle Santiago Bueras ha sido uno de los sectores más afectados, debido a que los residentes del lugar no pueden ejercer su derecho de libre tránsito.
“Si alguna persona requiriera una atención de salud de urgencia, lo que va a suceder ahí es que no va a poder acceder a ciertos espacios para poder salir. Incluso si viniera una ambulancia, tampoco va a poder saltar esas tremendas barreras y, por tanto, existe un riesgo claro e inminente de peligro de vida. Por lo mismo, hay dos garantías constitucionales que se ven vulneradas o que se verán vulneradas, como son el libre tránsito y la seguridad de los ciudadanos”, expresó Avilés.
A ello agregó que “muchas personas han sufrido alteración en sus vidas. Por ejemplo, las máquinas trabajaron todo el primer período en la noche. Hay fotografías y pruebas de ello por parte de los mismos vecinos”.
“Interpusimos este recurso de protección porque la actividad vulnera garantías constitucionales, y además no considera que el lugar donde quieren desarrollar la Fórmula E ha sido declarado por el mismo Estado chileno en el año 97 como “zona típica”. Y lo contradictorio y curioso es que el mismo Estado que declara esto es el que termina autorizando la actividad, sin siquiera preguntarse si es que esto responde a un protocolo de cuidado acorde a la situación”, profundizó el abogado.
Otro aspecto en que Avilés hizo hincapié fue la función del Gobierno a la hora de realizar la carrera.
“Tenemos aquí la aplicación de una política que en connivencia con una empresa que es privada, no resguarda los derechos y el patrimonio natural que es de todos los chilenos. El Gobierno de Chile puso una cifra cercana a los dos mil millones de pesos supuestamente en razón de regular las condiciones en que se ejecutará la organización. Es decir, puso plata para que se haga algo en un lugar que está declarado zona típica para resguardar las condiciones no del derecho de los vecinos ni la zona, sino que en razón de los objetivos y la empresa que trae la actividad. Entonces veo una contradicción importante”, remarcó.
De igual modo, el abogado enfatizó que el objetivo de las medidas judiciales que están realizando es “parar este evento, que no se haga aquí. En razón de que se vulneran derechos y que se hace mal uso de una zona típica, exigimos que no se haga en este lugar”.
Eso sí, aclaró que “no estamos pidiendo que no se haga el evento, no desconocemos la importancia que pueda tener la electromovilidad, no va por ahí el tema. Lo que ocurre es que el efecto que produce la instalación de cientos de miles de personas por esta actividad es un peligro importante, porque la estructura del suelo y la conformación de las raíces de la foresta no permiten que exista ese tipo de peso y volumen. Ya con las instalaciones que tienen, son cientos de toneladas que ya está soportando el lugar, y si se le agrega el volumen de gente entonces el daño será tremendo para la naturaleza del parque”.
Además Avilés manifestó su crítica respecto del actuar de la principal autoridad de la comuna de Santiago, el alcalde Felipe Alessandri.
“Aunque el alcalde de Santiago señale malamente y mentirosamente que habrá algunas acciones compensatorias, incluso hablando de plata que le van a dar al Municipio de Santiago, estas no serán reparatorias del daño que se va a hacer y se está haciendo a la naturaleza del Parque”, puntualizó.
“Esta misma actividad hecha en los países europeos ha tenido, por diversos temas, cosas negativas y ha terminado por suspenderse. No obstante, aquí ni el alcalde de Santiago, ni el Intendente, ni la Subsecretaría de Energía, fueron capaces de evaluar cuál era el efecto que iba a producir, ni mirar las experiencias que había afuera. Mas en su momento el propio Consejo de Monumentos autorizó retirar los adoquines de las calles, y que cuatro años después se repondría. Incluso se autorizó esa destrucción, y eso hace sólo un par de meses”, agregó el defensor.
Por último, dijo que aún hay tiempo para detener el evento, y que con los recursos presentados “se solicitó orden de no innovar, es decir que la Corte diga que esto se para hasta que no haya una resolución. De los tres ministros que conocieron el recurso de protección, o que están conociéndolo, uno de ellos aceptó la orden de no innovar, lo cual nos da muy buena expectación”.
