“Hemos dispuesto de un cargo para profesionales de otras zonas o de la misma región para que puedan acudir a atender la tercera causal a la región”, precisó el ministro de Salud, Emilio Santelices, respecto de la situación que vive la ciudad de Osorno, luego que la totalidad de sus médicos se declararan objetores de conciencia para practicar abortos.

La autoridad participó el miércoles en la sesión especial realizada este miércoles en la Cámara de Diputados donde se analizó la objeción de conciencia en profesionales médicos del sistema público por la Ley de Aborto en tres causales.

En la cita los legisladores llamaron al Ejecutivo a dar fiel cumplimiento de la normativa y garantizar la atención de las pacientes en todo el sistema público del territorio nacional.

En ella Santelices se refirió al tema añadiendo que incluso pidió apoyo al Colegio Médico en la búsqueda del facultativo para el hospital regional de Osorno, quien tendrá la tarea de interrumpir las gestiones en caso de violación o las de riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal.

Cabe recordar que en estos últimos dos casos en que la ley permite abortar los médicos objetores tienen distintas opiniones, por los que varios sí realizan esos procedimientos.

El secretario de Estado explicó que la situación ya fue solucionada en los hospitales de Huasco en la región Atacama y en el de San Felipe, región de Valparaíso.

“En Huasco, la información ha ido evolucionando y hoy contamos con un médico que se va a hacer cargo de la atención de esta ley. Además, contamos con el equipo de las matronas para atención a un eventual caso”, dijo.

Sobre San Felipe, Santelices comentó que hay “tres médicos que no son objetores, en consecuencia, el hospital cuenta con las competencias y profesionales para dar respuesta”.

“Estamos cumpliendo con la ley y con el espíritu de lo que los legisladores establecieron”, puntualizó el secretario de Estado.

RESOLUCIONES

Al término de la sesión la Sala aprobó dos resoluciones promovidas por la oposición. La primera insta al Presidente de la República y al ministro de Salud a cumplir con la citada ley y con el dictamen de la Contraloría de la República, del 9 de mayo pasado.

En este plano, se llama “a adoptar todas las medidas necesarias para reemplazar el protocolo de aplicación del marco normativo por uno que se ajuste a derecho y asegure la atención de las mujeres que requieren la interrupción voluntaria del embarazo en las tres causales contempladas en la ley y contrate todos los médicos y personal para dar cumplimiento al mandato legal”.

La segunda resolución solicita al Presidente Sebastián Piñera que “garantice la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo conforme a la ley; y establecer que los establecimientos privados que invoquen objeción de conciencia no pueden celebrar convenios con el sistema público en ginecología y obstetricia”.

Además, se pide que la objeción de conciencia institucional siempre sea manifestada por escrito, indicando los fundamentos por los que solicita abstenerse de realizar los procedimientos; e instruir al ministro de Salud para que garantice que los protocolos para la manifestación de objeción de conciencia se ajustarán a derecho, asegurando la atención de las pacientes que requieran una intervención.