La actriz argentina Cecilia Roth acudió este lunes a los tribunales de Buenos Aires para declarar como testigo en una causa en la que se investiga presunto fraude en relación a fondos públicos destinados a una producción televisiva durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Según informó la agencia estatal de noticias Télam, la intérprete, de 60 años, se personó en el juzgado tras ser convocada por el juez federal Sebastián Ramos, quien también citó para los próximos días a los actores Mike Amigorena, Cristina Banegas y Enrique Ziembrowski.
Por el momento se desconocen los detalles de la comparecencia de la actriz.
El expediente investiga a Alessandra Minnicelli, esposa del exministro de Planificación Julio De Vido, y Marta Cascales, la del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, a raíz de fondos estatales usados para filmar una miniserie llamada “El Pacto”, emitida en 2011 y que versaba sobre la polémica venta de la empresa Papel Prensa en la última dictadura militar (1976-1983).
Los cuatro fueron citados a declarar sobre las circunstancias que rodearon la filmación de esa producción, que para su realización obtuvo un subsidio de 4,5 millones de pesos (más de 280.000 dólares), canalizado a través de dos universidades.
La investigación trata de dilucidar si Minnicelli y Cascales, responsables de la productora audiovisual encargada de realizar la serie, cometieron irregularidades en el uso de esos fondos.
Según informó la agencia estatal de noticias Télam, la intérprete, de 60 años, se personó en el juzgado tras ser convocada por el juez federal Sebastián Ramos, quien también citó para los próximos días a los actores Mike Amigorena, Cristina Banegas y Enrique Ziembrowski.
Por el momento se desconocen los detalles de la comparecencia de la actriz.
El expediente investiga a Alessandra Minnicelli, esposa del exministro de Planificación Julio De Vido, y Marta Cascales, la del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, a raíz de fondos estatales usados para filmar una miniserie llamada “El Pacto”, emitida en 2011 y que versaba sobre la polémica venta de la empresa Papel Prensa en la última dictadura militar (1976-1983).
Los cuatro fueron citados a declarar sobre las circunstancias que rodearon la filmación de esa producción, que para su realización obtuvo un subsidio de 4,5 millones de pesos (más de 280.000 dólares), canalizado a través de dos universidades.
La investigación trata de dilucidar si Minnicelli y Cascales, responsables de la productora audiovisual encargada de realizar la serie, cometieron irregularidades en el uso de esos fondos.
